El Gobierno responde al escándalo de la crisis de Senasa

El presidente dominicano, Luis Abinader, ha dado un paso decisivo en su lucha contra la corrupción en el sector de la salud al solicitar un informe detallado sobre graves irregularidades en una Administradora de Riesgos de Salud (ARS). Esta acción, realizada en un acto de transparencia y firmeza, demuestra su compromiso en combatir la corrupción.

En un gesto de autoridad, Abinader ha instruido a los responsables de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y del Seguro Nacional de Salud (Senasa) para entregar un informe a la procuradora Yeni Berenice Reynoso sobre las irregularidades detectadas en la ARS. Este mensaje busca enviar una clara señal de que aquellos que hayan malversado fondos públicos, especialmente en el ámbito de la salud, enfrentarán consecuencias drásticas.

A pesar de que el Ministerio Público ha estado investigando este caso durante meses, el gobierno de Abinader ha querido mostrar su compromiso y voluntad de someterse al escrutinio público. La necesidad de entregar un informe que ya está en manos de la Fiscalía parece ser un movimiento político para mantener el control de la narrativa y demostrar coherencia con su discurso de tolerancia cero hacia la corrupción.

El caso de Senasa ha generado gran preocupación, ya que se ha revelado que se autorizaron y facturaron más de 4,000 procedimientos médicos que nunca se llevaron a cabo. Un esquema fraudulento habría desviado más de 41 millones de pesos en transferencias ilícitas, implicando a varios altos funcionarios de la institución.

Además, se ha descubierto un contrato firmado por Senasa en 2020 con una empresa para administrar la atención primaria de 500,000 afiliados del régimen subsidiado. Este acuerdo, sin mecanismos de fiscalización claros, generaba ingresos para el prestador privado sin importar si los pacientes realmente recibían los servicios.

El compromiso de Abinader en combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el sector de la salud es crucial para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que los recursos públicos se destinen de manera adecuada para el beneficio de la población dominicana.