La corrupción es ahora un delito autónomo en el Código Penal: novedades de Yeni Berenice
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resalta que el nuevo Código Penal es un hito en la lucha contra la corrupción al establecerla como delito autónomo. Cualquier acto doloso que perjudique el patrimonio público será sancionado. Reynoso impartió una conferencia en la Dirección General de Aduanas sobre este avance. El presidente Luis Abinader le encomendó difundir las novedades del Código Penal.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha destacado recientemente un hito importante en la lucha contra la corrupción en el país, el nuevo Código Penal. Este código establece la corrupción como un delito autónomo, lo que significa que cualquier acto doloso que dañe el patrimonio público será castigado de manera independiente.
En una conferencia en la Dirección General de Aduanas, la procuradora explicó la relevancia de este avance en la legislación. El presidente Luis Abinader le encomendó la tarea de difundir las novedades de este código, evidenciando el compromiso del gobierno en la lucha contra la corrupción.
Yeni Berenice Reynoso resaltó que este nuevo Código Penal marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción, alineándose con estándares internacionales y con las prácticas de países avanzados en este ámbito. Es considerado un código penal moderno y necesario para combatir un fenómeno que impacta directamente en el desarrollo del país.
La procuradora subrayó que la corrupción no es solo un problema administrativo, sino un mal que afecta a toda la sociedad al desviar fondos que deberían destinarse a áreas vitales como la salud, educación y seguridad. Un acto de corrupción tiene consecuencias que van más allá de lo monetario, como el ejemplo que mencionó sobre un soborno en aduanas que podría desembocar en consecuencias trágicas.
El nuevo Código Penal, promulgado en agosto por el presidente Abinader, representa un cambio significativo después de décadas de intentos fallidos por modernizar la legislación penal. Además de endurecer las sanciones contra la corrupción, amplía los plazos de prescripción y prohíbe a los condenados ocupar cargos públicos, buscando así combatir este fenómeno de manera más efectiva.
Entre las novedades más relevantes se encuentran las penas de hasta 20 años de prisión, ampliación de los plazos de prescripción a 30 años, y la persecución de delitos como el ciber crimen y el comercio digital. Por primera vez, las empresas también pueden ser procesadas penalmente por delitos como fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos aduaneros.
La implementación de este nuevo Código Penal demuestra un compromiso serio por parte del gobierno en la lucha contra la corrupción y marca un paso importante hacia un sistema judicial más eficiente y transparente. La sociedad en su conjunto se beneficiará de estas medidas que buscan fortalecer el estado de derecho y promover la integridad en la gestión pública.
