Posible invalidez de acusación a Donald Guerrero por falta de notificación de informe

La defensa de Donald Guerrero ha dejado en claro que no tuvo la oportunidad de conocer y debatir el informe que desencadenó la acusación en el caso Calamar. El abogado Mario Aguilera ha presentado ante el tribunal una solicitud para que quede constancia de que el informe de la Contraloría General no fue notificado a la defensa. Aguilera argumenta que este hecho impidió a la defensa ejercer su derecho de conocer y discutir el contenido del informe, tal como establece la Ley 107-13.

La intervención del abogado cobra gran relevancia, ya que el informe en cuestión fue utilizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para justificar la investigación de la Operación Calamar que se inició en 2020. Este informe fue la base de las acusaciones contra Guerrero y otros exfuncionarios por presuntas irregularidades en pagos de expropiaciones que superaron los 17,000 millones de pesos entre abril y junio de 2020.

La ausencia de notificación de un documento de esta importancia compromete directamente el derecho al debido proceso y podría afectar la validez de las acciones del Ministerio Público. Aguilera enfatiza la importancia de dejar constancia de que la defensa nunca fue notificada sobre este informe, lo que les impidió contradecirlo.

En la más reciente sesión, se han presentado nuevos retiros de acusaciones a favor del exministro Guerrero. Organizaciones como la Fundación Alfredo Nóbel y representantes de la familia Mota han retirado sus acusaciones y querellas contra Guerrero. En audiencias anteriores, alrededor de 40 herederos de la familia Reyes también retiraron sus acusaciones, solicitando el pago del 20 % pendiente a los propietarios.

Además, se han presentado casos de querellantes sin títulos de propiedad. El año pasado, varios individuos fueron denunciados como falsos querellantes por no tener sus derechos de propiedad registrados y por presentar poderes firmados por personas fallecidas hace años. A estos desistimientos se suma la extinción de la acción penal interpuesta por más de 260 querellantes particulares, dictaminada por el Tribunal del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.