Trump revives plan to deny permanent residency based on public program usage
El Gobierno de Donald Trump propone otorgar a los funcionarios de inmigración la facultad de denegar la residencia permanente a solicitantes que consideren “una carga pública”. La propuesta presentada por el USCIS derogaría la regla de 2022 sobre la carga pública, permitiendo negar la entrada a EE.UU o la concesión de la tarjeta verde a quienes se perciba como carga económica para el país. Trump amplió esta regulación en 2019 para vetar a inmigrantes que solicitaban asistencia social.
El gobierno de Donald Trump está nuevamente en el ojo del huracán con una polémica propuesta que podría cambiar drásticamente el panorama de la inmigración en Estados Unidos. La idea es otorgar a los funcionarios de inmigración la capacidad de negar la residencia permanente a aquellos solicitantes que consideren una carga pública para el país.
Esta controvertida propuesta, presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), busca derogar la regla de 2022 sobre la carga pública, lo que permitiría a las autoridades migratorias denegar la entrada al país o la obtención de la codiciada tarjeta verde a personas que se perciba como una carga económica.
El presidente Trump ya había ampliado esta regulación en 2019 para vetar a los inmigrantes que solicitaban ayuda social, como programas de asistencia alimentaria, vivienda o cuidado de la salud. Esta medida dejó a muchos indocumentados sin la posibilidad de obtener la residencia permanente, generando controversia y afectando a numerosas familias con hijos estadounidenses.
A pesar de que la administración de Joe Biden revirtió algunos de estos cambios, el gobierno de Trump vuelve a la carga argumentando que los beneficios gubernamentales no deberían ser un incentivo para la inmigración.
La nueva propuesta, que se publicará oficialmente en el Registro Federal, daría un mayor poder a los oficiales de USCIS para rechazar la residencia permanente a solicitantes con recursos limitados, sin especificar exactamente qué programas serían considerados como carga pública, aunque promete emitir directrices adicionales más adelante.
Sin embargo, esta iniciativa ha desencadenado críticas y preocupaciones entre defensores de los inmigrantes. Adriana Cadena, directora de Protecting Immigrant Families Coalition, calificó la propuesta como peligrosa y advirtió que podría poner en riesgo la salud y el bienestar económico de millones de personas en el país.
Por otro lado, Renee M. Willis, presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, instó al Congreso a rechazar esta propuesta que, según ella, podría tener un impacto aún mayor que las medidas implementadas anteriormente por el gobierno republicano.
La incertidumbre y la preocupación están presentes en el ambiente, mientras se espera conocer más detalles sobre esta polémica propuesta y sus posibles repercusiones en la comunidad inmigrante de Estados Unidos.
