El costo de la indecisión

En la actualidad, en nuestro país, estamos siendo testigos de un cambio en la forma de ejercer el gobierno, donde la prioridad parece ser conservar votos en lugar de ejercer una autoridad efectiva. Este enfoque está teniendo impactos significativos en la institucionalidad, la economía y la confianza de los ciudadanos. Grupos como motoristas, choferes de transporte público y profesores, entre otros, están adquiriendo cada vez más influencia en la toma de decisiones públicas, lo que repercute en las políticas gubernamentales.

Gobernar sin decidir también es tomar una decisión. Y en nuestra nación, esa decisión está teniendo consecuencias desfavorables. Se está gobernando con el objetivo de asegurar votos, descuidando la autoridad necesaria para dirigir eficazmente. Esta tendencia no es solo una percepción subjetiva, es una realidad que está teniendo efectos profundos en la estructura institucional, la economía y la confianza de la ciudadanía.

En los últimos años, ciertos sectores han adquirido una relevancia crucial en la toma de decisiones públicas, desplazando a otros. Motoristas, choferes de transporte público, profesores y grandes grupos de la población que dependen de ayuda estatal se han convertido en elementos determinantes en las estrategias políticas.

Es necesario reconocer la importancia social de estos sectores y la necesidad de políticas de apoyo. Sin embargo, la gestión estatal no puede descuidar principios fundamentales como la legalidad, eficiencia y sostenibilidad en favor de consideraciones electorales. Gobernar no debe confundirse con simplemente agradar a determinados grupos.

Este cambio de enfoque ha dado lugar a una tendencia preocupante: la política de “no molestar”. Se evita confrontar, corregir o exigir a fin de mantener la estabilidad electoral, aunque esta pasividad tenga un alto costo para el país. Se tolera la evasión fiscal, se debilita la aplicación de la ley y se postergan reformas necesarias por temor a perder apoyo político, generando un Estado que gestiona simpatías pero descuida responsabilidades esenciales.

Cuando el Estado renuncia a su rol de decisión, permite que otros tomen el control. Gobernar implica establecer reglas claras y hacerlas cumplir, incluso si esto implica tomar decisiones impopulares. Si el Estado prioriza la popularidad sobre la autoridad, debilita sus instituciones y envía un mensaje peligroso: aquellos que presionan obtienen lo que quieren, mientras que aquellos que cumplen con las normas salen perjudicados.

Esta dinámica socava la cultura de responsabilidad, castigando a quienes actúan correctamente y premiando la informalidad y el incumplimiento. A largo plazo, esto no fortalece al gobierno ni protege a los más vulnerables, sino que los vuelve dependientes y frágiles, perpetuando un ciclo electoral disfuncional.

Cuando el cálculo electoral se posiciona por encima del deber de gobernar, el país no solo se estanca, sino que también normaliza el desorden. Se posponen los problemas, pero se multiplican los daños. Se gana en términos políticos a corto plazo, pero se pierde capacidad institucional y un futuro sostenible.