Retiro del Comandante Bovino y sus Agentes.
Agentes federales utilizan gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes en una protesta sobre operaciones contra la inmigración en Mineápolis. Se espera que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y algunos agentes abandonen Minneapolis. La medida se produce luego de que el presidente Donald Trump enviara a Tom Homan a Minnesota para supervisar las operaciones de ICE.
Agentes federales tuvieron que hacer uso de gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes en una protesta sobre operaciones contra la inmigración en Mineápolis. La noticia de que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y algunos agentes abandonarán la ciudad ha generado revuelo. Esto se da tras la llegada de Tom Homan, designado por el presidente Trump para supervisar las operaciones de ICE en Minnesota.
La salida de Bovino, quien ha estado en el centro de las controvertidas medidas migratorias de la administración Trump, marca un cambio relevante en la postura de las fuerzas federales. La indignación por el trágico tiroteo de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza ha avivado las críticas hacia Bovino, especialmente por su defensa pública del incidente y sus declaraciones polémicas al respecto.
Por su parte, el presidente Trump ha ordenado a su zar fronterizo dirigirse a Minnesota para supervisar las redadas migratorias en medio de una creciente tensión. Tras una conversación con el gobernador Tim Walz, Trump mencionó estar en una “sintonía similar” con él, a pesar de sus desacuerdos previos. Ambos líderes expresaron la necesidad de investigaciones imparciales sobre los tiroteos y el cumplimiento de las solicitudes federales por parte del Departamento de Correccionales del estado.
El tono conciliador entre Trump y Walz contrasta con la situación legal actual, donde se discute la posibilidad de detener temporalmente los operativos migratorios. La jueza Katherine Menéndez está evaluando las solicitudes presentadas por el gobierno federal, el estado y las ciudades de Minneapolis y St. Paul, aunque aún no ha emitido un fallo definitivo. La incertidumbre sobre el impacto de estos cambios en las acciones futuras sigue latente.
