Doce funcionarios pendientes de presentar declaración jurada.

Mayra Jiménez ha sido designada como directora de Desarrollo Social en Supérate. De los más de 33 funcionarios que han asumido nuevos cargos en la administración pública, al menos 12 deben presentar su declaración jurada de bienes de acuerdo con la Ley 311-14. Según esta normativa, los funcionarios tienen un plazo de 30 días a partir de su toma de posesión para cumplir con este requisito. Entre los funcionarios que han asumido cargos en enero de 2026, hasta el momento solo Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ha completado esta obligación.

La Ley 311-14 establece que los funcionarios públicos deben presentar su declaración jurada de bienes dentro de los 30 días siguientes a su asunción en el cargo. En enero, con sus 31 días, todos los funcionarios designados en este mes deben cumplir con este requisito un día antes de ser juramentados. Gloria Reyes, quien se desempeña como ministra de la Mujer, es una de las figuras relevantes en este proceso.

Hasta la fecha, solo el consultor jurídico Jorge Subero Isa y algunos pocos funcionarios más han completado su declaración de patrimonio. Por otro lado, Antoliano Peralta Romero, ministro de Justicia, no ha presentado públicamente su declaración. La transparencia en estos procesos es fundamental, y la Cámara de Cuentas es la encargada de supervisar que se cumplan con estas normativas.

Es importante destacar que la presentación de la declaración jurada de bienes es un paso necesario para garantizar la transparencia y la integridad en la función pública. Los ciudadanos tienen derecho a conocer el patrimonio de los funcionarios que ocupan cargos de relevancia en la administración del país.

Este proceso también involucra a figuras como Mayra Jiménez, quien asumió su cargo en la Dirección de Desarrollo Social Supérate el 7 de enero. Aunque su declaración de patrimonio no ha sido visible en el portal de la Cámara de Cuentas, es esencial que todos los funcionarios cumplan con este requerimiento en el plazo establecido.

La rendición de cuentas y la transparencia son pilares fundamentales en la gestión pública. Los funcionarios designados deben cumplir con los procedimientos establecidos para asegurar la confianza de la ciudadanía en sus acciones. En este sentido, el cumplimiento de la Ley 311-14 es un paso crucial para promover la transparencia y la honestidad en la función pública, fortaleciendo así la democracia y el buen gobierno.