Respuesta del Gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección de otro”

Un grupo de haitianos indocumentados fue detenido por el Ejército en Santiago Rodríguez. Esta situación ha despertado un debate sobre las políticas migratorias en República Dominicana. El Gobierno, en respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha defendido su postura, argumentando su derecho a regular el flujo de personas en su territorio.

Las autoridades dominicanas explicaron que, si bien están comprometidas con la protección de los derechos humanos, también deben aplicar las leyes internas del país. La crisis en Haití ha generado una presión migratoria constante en República Dominicana a lo largo de los años, lo que ha llevado al Gobierno a implementar medidas para gestionar este flujo y evitar posibles efectos negativos en su territorio.

En su comunicado, el Gobierno rechazó la idea de aceptar de manera general a todos los migrantes en situación irregular, ya que consideran que esto pondría en riesgo la soberanía del país. Es importante destacar que ningún Estado puede ser obligado a asumir la responsabilidad de proveer servicios a la población de otro Estado en caso de crisis.

República Dominicana ha dejado claro su compromiso con la protección de los derechos humanos y su responsabilidad de cumplir con las leyes nacionales. La crisis migratoria actual debe analizarse en un contexto regional, considerando la difícil situación en Haití que ha llevado a un aumento en la presión migratoria hacia República Dominicana.

El país ejerce su soberanía al regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, siguiendo su marco legal interno y los estándares internacionales de derechos humanos. La facultad de definir políticas migratorias es un derecho esencial de la soberanía estatal, reconocido por el sistema interamericano.