Investigan denuncia contra Hecmilio Galván, director del FEDA, afirma Abinader

El presidente Luis Abinader ha puesto en marcha una investigación en respuesta a denuncias sobre posibles malas acciones de funcionarios públicos, lo que podría desembocar en decisiones que reflejen la falta de ética en el ejercicio de sus funciones. La reconocida periodista Nuria Piera ha señalado a Rafael Feliz y Hecmilio Galván, exdirector del Instituto Tecnológico de Las Américas y actual director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, respectivamente, por presuntamente exigir pagos a empleados para financiar organizaciones políticas. Las investigaciones están en curso y se tomarán medidas si es necesario.

El presidente Abinader ha asegurado que se están tomando en serio las denuncias sobre acciones cuestionables de funcionarios públicos, y que estas podrían resultar en consecuencias que reflejen la falta de integridad en el servicio público.

Estas declaraciones surgen a raíz de una pregunta realizada por la periodista Nuria Piera, quien ha investigado sobre funcionarios que, además de sus responsabilidades políticas, presuntamente solicitan pagos a sus empleados para financiar actividades de sus organizaciones. Entre los señalados se encuentran Rafael Feliz, exdirector del Instituto Tecnológico de Las Américas, y Hecmilio Galván, quien se desempeña como director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario.

El mandatario ha afirmado que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva y que se tomarán medidas en consecuencia, de ser necesario, en relación con estas denuncias. En una entrevista con el grupo Panorama, el presidente respondió a preguntas sobre el caso del director de FEDA.

Según la investigación realizada, Hecmilio Galván habría estado exigiendo a sus empleados pagos mensuales que oscilaban entre los 3,000 y 20,000 pesos para financiar el movimiento político al que pertenecen y que también opera en la institución que él dirige.

De acuerdo con la periodista, estos fondos eran transferidos a cuentas personales de los miembros de la directiva del movimiento, y aquellos que se negaban a cumplir con este requerimiento eran amenazados con ser despedidos.