Garantía de Acciones Legales Contra Fraudes Inmobiliarios en Áreas Protegidas
Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, aseguró que se realizará una investigación exhaustiva e inmediata sobre ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios que afectan el patrimonio natural de la República Dominicana. Se enfocarán en proteger las áreas protegidas y combatir la afectación de zonas como el Parque Nacional Jaragua. Los delitos ecológicos serán tratados con la misma seriedad que el crimen organizado debido a su impacto negativo en la sociedad.
Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, ha anunciado una investigación enérgica e inmediata sobre ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios que amenazan el patrimonio natural de la República Dominicana. La protección de áreas protegidas, como el Parque Nacional Jaragua, es una prioridad para combatir estos delitos ecológicos que impactan negativamente en la sociedad.
Camacho destaca la importancia de cuidar las reservas de vida y asegura que se actuará en contra de cualquier actividad que afecte estas zonas. La determinación de tratar los delitos ecológicos con la misma seriedad que el crimen organizado marca un cambio estructural fundamental para preservar el tejido social y evitar daños irreversibles.
La investigación sin precedentes abarcará áreas críticas del territorio nacional donde se han detectado irregularidades, como el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Valle Nuevo, Dunas de Baní, Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino. Estas acciones son resultado de la directriz de la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, para proteger las reservas ecológicas del país de actividades delictivas.
Un equipo de alto nivel, compuesto por expertos de diversas áreas como Mirna Ortiz, Francisco Contreras, Ramona Nova, Ana Burgos y Gedeón Platón Bautista Liriano, ha sido designado para garantizar la eficacia de las investigaciones y desmantelar posibles redes de corrupción. La auditoría de actos jurídicos y administrativos busca identificar prácticas delictivas que han permitido la apropiación fraudulenta de terrenos protegidos.
La conservación de estos ecosistemas no solo asegura servicios ambientales y económicos para las generaciones presentes y futuras, sino que también fortalece la lucha contra delitos ambientales que impactan la seguridad hídrica y las actividades productivas del país. La estrategia implementada busca asegurar un futuro sostenible para la República Dominicana.
