Propuesta de reforma de ley del sector minero para el desarrollo sostenible y la modernización en República Dominicana

La Cámara Minera Petrolera (Camipe) ha sacudido el panorama minero en la República Dominicana con una propuesta innovadora: una nueva ley que busca modernizar la legislación minera vigente desde 1971. Esta iniciativa apunta a adaptarse a las necesidades actuales del sector, incorporando avances tecnológicos y estándares internacionales para impulsar un crecimiento sostenible y proteger el medio ambiente.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ha subrayado la importancia de simplificar los procesos burocráticos para atraer inversiones y fortalecer el vínculo entre la industria minera y las comunidades locales. Esta propuesta de reforma, titulada “Una nueva ley minera: reglas claras para el desarrollo de la República Dominicana”, pretende reemplazar la obsoleta Ley 146-71 en vigor desde hace cinco décadas.

El objetivo de esta reforma es crear un marco legal más acorde con los estándares internacionales actuales, que facilite la concreción de proyectos mineros, promueva un desarrollo sostenible y garantice la protección ambiental. Se busca agilizar la obtención de permisos, un aspecto fundamental para atraer inversiones, y fortalecer la relación entre la industria minera y las comunidades aledañas.

La implementación de esta nueva ley podría tener un impacto significativo en la economía nacional, ya que se estima que la participación del sector minero en el Producto Interno Bruto (PIB) podría duplicarse. Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, destaca que esta propuesta de reforma ha sido objeto de discusión y análisis desde la administración anterior, y ahora se está trabajando en concertar los puntos necesarios para llevarla al Congreso Nacional lo antes posible.

Entre las novedades que propone esta nueva legislación se encuentran la creación de una Ventanilla Única Minera con plazos definidos y trazabilidad digital, el monitoreo ambiental en tiempo real respaldado por datos científicos, garantías financieras desde el inicio de los proyectos y mecanismos transparentes para la gestión de los beneficios territoriales. Además, se plantea la simplificación de funciones, un régimen fiscal más flexible de acuerdo al tamaño del proyecto y la garantía de que la actividad minera opere bajo…