Los Fondos del Senasa no se Utilizaron en la Campaña

Una red corrupta compuesta por funcionarios públicos y empresarios privados comenzó a operar de forma delincuencial en Senasa antes de que el gobierno asumiera en 2020. Regalaron un vehículo todoterreno al futuro director de la institución. Dos meses después de la llegada del nuevo gobierno, la red inició un esquema fraudulento que les permitió desviar alrededor de $15 mil millones de pesos durante casi cinco años. No se encontraron pruebas de que el dinero robado se destinara a actividades políticas, sino que enriqueció a los involucrados a través de propiedades lujosas, expansión de empresas, creación de nuevas compañías, cuentas bancarias sustanciosas y un estilo de vida de millonarios.

La mafia corrupta, compuesta por funcionarios públicos y empresarios privados, comenzó a instalar en Senasa un esquema delincuencial desde antes de asumir el gobierno en el 2020, con el regalo de una jipeta al aún eventual incumbente de la Institución. Dos meses después de inaugurarse el nuevo gobierno, la red comenzó la operación dolosa que les permitió robarse alrededor de $15 mil millones de pesos, para sus bolsillos, desarrollando un entramado que permeó las operaciones del Seguro Nacional de Salud, durante casi cinco años.

Documentos leídos y conversaciones sostenidas con fuentes de las investigaciones -tanto de seguridad nacional como del estamento judicial- coinciden en que no hay evidencias de que parte del dinero robado fuera a parar a actividades políticas y pero sí que totalmente engrosaron el patrimonio de los implicados, quienes lo invirtieron en propiedades de lujo, expansión de compañías, constitución de nuevas empresas, jugosas cuentas bancarias y vidas de millonarios con viajes, buenos restaurantes, vacaciones por todo lo alto.

Las investigaciones determinaron que los dineros sustraidos no fueron a campañas electorales del partido oficial, toda vez que los montos de millonarios comenzaron a engrosar los bolsillos de los delincuentes luego de los comicios del 2020, como tampoco lo hicieron para la campaña de las elecciones del 2024, dado que no fue hasta octubre del 2023 cuando el presidente Abinader anunció que se lanzaría por la reelección.

‘El perro cuidando las salchichas’

La mafia que saqueó los fondos de Senasa, desde dentro y fuera de la institución, descubrió ‘callejones’ que les daba la ley 87-01. Montó su estructura corrupta en torno a las libertades que la legislación otorga al Senasa para negociar directamente con los prestadores de servicios de salud, en cuanto a tarifas, coberturas, estándares y condiciones esenciales.

Por ahí, entonces, se ‘colaron’ los ejecutivos de Senasa y un grupito de sus principales suplidores de servicios. La Ley 87-01 establecen exención de regulación de la Ley de Compras y Contrataciones, entonces 304-06, que supervisa los negocios de los departamentos del gobierno y establece la obligatoriedad de llevar a licitaciones, muy estrictas, los contratos que realiza la administración pública.

Los contratos de Senasa no se rigen por la Ley 340-06 por lo que Dirección General de Compras y Contrataciones no ejerce ninguna competencia sobre la definición de tarifas, selección de prestadores o revisión de los acuerdos, que son regulados por la Ley 87-01, estableció la DGCC en un comunicado sobre el caso, luego de que estallara el escándalo en Senasa.

La Ley 87-01, en su artículo 148 establece que las ARS deberán llenar las siguientes funciones: asumir el riesgo de garantizar a los beneficiarios una protección de calidad, oportuna y satisfactoria; racionalizar el costo de los servicios logrando niveles adecuados de productividad y eficiencia; coordinar la red de Proveedores de Servicios de Salud …