Avances en la implementación del sistema nacional anticorrupción en República Dominicana con la OCDE
La República Dominicana y la OCDE trabajan juntas en la creación de la primera estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el canciller Roberto Álvarez firman un Memorando en presencia del presidente Luis Abinader. El proceso se lleva a cabo entre 2025 y 2026 e incluye una revisión completa del sistema de integridad del país. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) es la encargada de elaborar esta estrategia. Un informe preliminar de la OCDE destaca avances en algunas áreas, pero también señala importantes debilidades, como la falta de leyes que regulen el cabildeo y la ausencia de reglas sobre periodos de enfriamiento para funcionarios.
La República Dominicana se ha embarcado en un emocionante proyecto junto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ¡la creación de su primera estrategia nacional de integridad y lucha contra la corrupción!
Este proceso, que se llevará a cabo entre 2025 y 2026, implica una revisión exhaustiva del sistema de integridad del país para sentar las bases de un plan nacional. La responsable de elaborar esta estrategia es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Un informe preliminar de la OCDE ha revelado avances en ciertas áreas, pero también ha señalado debilidades significativas. Por ejemplo, se destaca la falta de leyes que regulen el cabildeo y la ausencia de normas sobre periodos de “enfriamiento” para los funcionarios, así como la carencia de registros públicos que identifiquen a los propietarios reales de las empresas.
En cuanto al conflicto de intereses, el país cumple con el 78% de las normas, pero solo con el 22% en la práctica. Aunque existen leyes y obligaciones como la declaración patrimonial, se carece de mecanismos claros para gestionar o resolver estos conflictos. Además, solo se ha verificado el 14% de las declaraciones desde 2018.
En términos de financiamiento político, República Dominicana muestra un cumplimiento del 90% en normativas, pero apenas del 14% en la práctica. A pesar de que la ley prohíbe donaciones ilegales y establece límites, no se publican los informes financieros de campañas ni las sanciones. Tampoco todos los partidos presentan sus cuentas.
La OCDE ha señalado que, a pesar de los avances legislativos, la principal debilidad del país radica en la aplicación efectiva de las normas. Es por ello que la futura estrategia nacional tiene como objetivo cerrar la brecha entre la teoría legal y la realidad práctica.
El compromiso del presidente Luis Abinader con esta causa ha quedado patente en su reciente visita a Francia, donde participó en el Foro Global Anticorrupción en París y se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron. Sin duda, la lucha contra la corrupción es un desafío global que requiere la colaboración de todos los sectores y la implementación de medidas concretas para garantizar la transparencia y la integridad en la República Dominicana.
