Crecimiento acelerado de motocicletas desafía el control vehicular en República Dominicana
En medio de debates sobre la regulación del transporte en República Dominicana, el parque vehicular ha visto ingresar 76,044 nuevas motocicletas hasta marzo de 2026. Estas cifras, proporcionadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), evidencian una tendencia acelerada que complica los esfuerzos de control.
El incremento representa un 42.6% más respecto al mismo periodo del año anterior, donde se registraron 53,309 unidades nuevas. Este fenómeno no es aislado; se inscribe dentro de un patrón de crecimiento interanual que subraya la magnitud del reto que enfrenta el país.
Actualmente, las motocicletas constituyen el 58.1% del total de vehículos en circulación, consolidándose como el medio de transporte dominante. Este predominio se traduce en una mayor movilidad, tanto formal como informal, pero también plantea retos significativos en términos de tránsito y orden urbano, dado que el resto de los vehículos, incluyendo automóviles y vehículos de carga, suman apenas el 41.9%.
El aumento vertiginoso de las motocicletas no solo responde a la demanda de movilidad económica y al motoconcho como fuente de ingresos, sino también a facilidades de financiamiento que a menudo escapan a un control riguroso. Esto ha llevado a un desbalance visible en la infraestructura vial, particularmente en áreas como el Gran Santo Domingo, donde la congestión y los accidentes son cada vez más frecuentes.
A pesar de la creciente cantidad de motocicletas, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reporta un preocupante déficit en la formalización de conductores: a enero de 2026, solo 10,827 personas poseen licencia para conducir motocicletas, lo que representa un escaso 0.3% del total de unidades circulantes.
El desafío implica no solo gestionar el crecimiento de más de 339 mil motocicletas en un año, sino también implementar políticas efectivas que permitan regular y reorganizar un sistema de movilidad que ya ha superado la capacidad de las infraestructuras y las instituciones encargadas de su gestión.
