Organizaciones sociales convocan a manifestaciones nacionales por cambios sociales y económicos
Santo Domingo. – Diversas organizaciones sociales, populares y ambientales han emitido un llamado a la ciudadanía para participar en una serie de protestas a nivel nacional. Estas movilizaciones incluyen marchas, concentraciones y paros escalonados en distintas provincias del país, con el objetivo de reclamar cambios significativos en políticas sociales y económicas.
La Coordinadora Nacional Popular (CNP) designó el lunes 27 de abril como el “Día Nacional de la Rebeldía”, dando su apoyo a una concentración y marcha que se llevará a cabo el viernes 24 de abril en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago. Además, se han planificado jornadas de huelga de 24 horas en localidades como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, iniciando a las 6:00 de la mañana.
Como parte de las actividades de protesta, el lunes 27 a las 10:00 a.m., se ha convocado una concentración frente al Palacio Nacional en el Distrito Nacional, complementada con otras movilizaciones en comunidades diversas. Las organizaciones han expresado su denuncia de lo que consideran una represión gubernamental durante manifestaciones previas en el Cibao, y demandan el cese del cerco policial en torno a la residencia del dirigente José Mercado en San Francisco de Macorís, así como la liberación de activistas detenidos.
Apoyando estas movilizaciones están entidades como el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, el Movimiento Unidos Somos Más, y varios otros colectivos que abogan por la protección del medio ambiente y los derechos sociales. En el contexto del 61 aniversario de la Revolución de Abril y con el aumento de las protestas sociales, estas agrupaciones buscan repudiar políticas que, según ellos, agravan la crisis económica para los sectores más vulnerables, mientras benefician a grandes corporaciones.
Entre sus demandas, las organizaciones exigen la cancelación de ciertos proyectos mineros, la paralización de la presa de colas de El Naranjo, y la detención de un proyecto de vertedero en Los Aguacates. Asimismo, reiteran su defensa de Loma Miranda y solicitan la restauración del Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo.
Adicionalmente, plantean detener las operaciones de la empresa Docalza en El Pomier, proteger los ríos eliminando actividades contaminantes, y aplicar rigurosamente la Ley 64-00 de Medio Ambiente. Las organizaciones proponen un modelo de desarrollo alternativo que priorice la protección de recursos naturales, la agricultura, el turismo comunitario y las energías renovables, en lugar de la explotación minera. También exigen políticas que enfrenten el alto costo de la vida, mejoren los salarios y garanticen servicios de salud accesibles, además de reducir la desigualdad mediante la eliminación de privilegios fiscales.
