Exceso de generales en Fuerzas Armadas desafía la Ley 139-13

Exceso de generales en Fuerzas Armadas desafía la Ley 139-13

En Santo Domingo, la Ley 139-13, diseñada para reorganizar y racionalizar la estructura de las Fuerzas Armadas, sigue sin cumplirse plenamente a más de una década de su promulgación. Con el propósito inicial de reducir la cantidad de generales, la normativa parece no haber logrado su objetivo, revelándose una considerable disparidad entre lo legislado y la situación actual.

Promulgada en septiembre de 2013, la ley estipulaba un desmonte gradual del número de generales, que debía concretarse en un plazo de seis años. Sin embargo, 12 años después, las cifras indican que el número de altos mandos ha aumentado en vez de disminuir.

Actualmente, las Fuerzas Armadas dominicanas cuentan con 103 generales activos, incluyendo mayores generales y vicealmirantes, excediendo en aproximadamente 40 el número máximo permitido conforme a lo establecido en la ley.

El artículo 262 de la Ley 139-13 es específico en cuanto a que debe haber un general o almirante por cada 1,000 miembros activos en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Con 63,000 efectivos activos, el país debería contar con 63 generales, distribuidos proporcionalmente entre las diferentes ramas. Sin embargo, la realidad muestra cifras mucho mayores: 58 generales en el Ejército, 26 en la Fuerza Aérea y 19 en la Armada.

El artículo 264 de la misma ley limita los ascensos al rango de general o almirante a la disponibilidad de plazas, que no deben superar una por cada mil miembros. Sin embargo, a pesar de la colocación en retiro de algunos oficiales, los ascensos recientes, como el del pasado febrero mediante el Decreto 135-26, han mantenido o incluso incrementado el número de generales activos, contradiciendo el espíritu de la ley.

Asimismo, el artículo 157 establece el retiro obligatorio tras 10 años en el rango de general o almirante, a menos que se trate de posiciones específicas. No obstante, esta medida tampoco ha logrado detener el aumento del generalato, reflejando decisiones administrativas que favorecen la permanencia prolongada de oficiales en el servicio.

El problema no se limita únicamente a los generales; la cantidad de coroneles también ha suscitado críticas, con más de 1,300 oficiales en este rango en las tres instituciones militares, incluyendo casos de oficiales que han permanecido más de 20 años en el mismo rango o que han superado la edad máxima permitida.

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