Justicia Selectiva en el País

El panorama judicial en República Dominicana sigue reflejando una preocupante disparidad que beneficia a los más poderosos y deja desprotegidos a los sectores más vulnerables. A pesar de las promesas de cambio del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el sistema de justicia continúa siendo cómplice de la corrupción, permitiendo que políticos y empresarios involucrados en prácticas ilícitas eviten condenas, mientras las cárceles del país se llenan de ciudadanos de a pie por delitos menores.

En un país donde el robo de un peso es severamente castigado, los funcionarios que desfalcan millones del erario público a menudo reciben un trato preferencial bajo el pretexto del “debido proceso”, beneficiándose de la lentitud y complicidad del sistema judicial. Este trato diferenciado contrasta con la suerte de aquellos sin recursos económicos ni conexiones políticas, a quienes se les niegan permisos y son tratados con mano dura.

El acceso a la justicia sigue siendo un privilegio para aquellos con poder económico y político, quienes pueden costear abogados prominentes y contar con protección mediática. En cambio, los reclusos de menores posibilidades enfrentan una dura realidad sin defensores influyentes ni recursos para obtener una representación adecuada. Queda en evidencia el sesgo del sistema que opera con rapidez en los barrios marginados, pero actúa con cautela en los sectores adinerados.

Mientras tanto, más de 20 mil reclusos languidecen en condiciones deplorables, afectados por múltiples enfermedades y sin la posibilidad de pagar una fianza debido a su precaria situación económica. En este contexto, el caso de Jean Alain, quien vive su “reclusión” desde la comodidad de su hogar, resalta como un ejemplo claro de las desigualdades presentes en el sistema judicial dominicano, donde la justicia parece ser exclusivamente para los desamparados.