La República Dominicana enfrenta retos en la protección de sus adultos mayores

La República Dominicana enfrenta retos en la protección de sus adultos mayores

En los últimos días, ha surgido una preocupación significativa en torno a la atención que reciben los adultos mayores en la República Dominicana. La doctora Nelly Mercedes Luna Espinal, de Cedimat, ha expresado su consternación por la falta de protección adecuada para las personas que llegan a la tercera edad, señalando que el sistema actual parece perjudicar especialmente a los más vulnerables.

Uno de los aspectos más preocupantes es la reducción del salario que sufren los empleados cuando se enferman. En momentos críticos cuando más se requiere el apoyo económico, las regulaciones establecidas por el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y otras entidades, como el Seguro Familiar de Salud (SFS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), estipulan recortes significativos, reduciendo el salario a un 60% en caso de enfermedades ambulatorias y a un 40% si el empleado es internado.

Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un proyecto de ley que busca modificar el Código de Trabajo, el cual ha sido calificado como obsoleto. Se espera que la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) tome cartas en el asunto, para que en futuras revisiones legislativas se considere una solución a esta problemática injusta, que impacta negativamente a los empleados en sus momentos de mayor necesidad.

Además de los recortes salariales, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) suelen reducir las coberturas médicas cuando las personas alcanzan edades avanzadas, discriminando a los pensionados que no cuentan con los mismos beneficios que los trabajadores activos. También es cuestionable el manejo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que entregan los fondos acumulados en porcentajes que no alcanzan a suplir el salario previo al retiro laboral. Este panorama refleja un sistema que requiere reformas urgentes para proteger de manera efectiva a los adultos mayores del país.