Organizaciones piden acción urgente ante ola de feminicidios en el país
SANTO DOMINGO.– En una carta abierta, más de 80 grupos que incluyen organizaciones feministas, activistas y académicos han solicitado al Estado dominicano que priorice la crisis de feminicidios y adopte medidas urgentes para detener la violencia contra las mujeres.
Este llamado, liderado por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, se da en un contexto preocupante: en menos de cinco meses del año 2026, al menos 32 mujeres han sido asesinadas por razones de género en el país, según datos proporcionados por el colectivo.
El documento, titulado “¡Ni una menos! La vida de las mujeres exige Estado, justicia y educación para la igualdad”, solicita al Gobierno que declare emergencia nacional por feminicidios y violencia de género, y que implemente un plan integral que incluya presupuesto, metas claras y mecanismos de rendición de cuentas.
“Las mujeres no pueden seguir dependiendo de la suerte, del silencio o de su capacidad individual para escapar. El Estado tiene la obligación de garantizar que vivir libres de violencia sea un derecho real”, enfatiza la carta difundida este martes.
Las organizaciones critican las deficiencias estructurales en la respuesta institucional frente a las denuncias de violencia de género, señalando que muchas víctimas habían advertido anteriormente sobre amenazas y agresiones antes de ser asesinadas.
“El feminicidio no nace de la nada. Es la última expresión de una cadena de abusos que muchas veces comenzó mucho antes”, advierte el documento, y hace un llamado a una respuesta más efectiva de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas.
La misiva también cuestiona el funcionamiento de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional, destacando las debilidades persistentes en la evaluación de riesgos, seguimiento de denuncias y protección efectiva para mujeres en situación de violencia.
Un caso emblemático es el de Esmeralda Moronta, quien fue asesinada minutos después de acudir a denunciar a su agresor, lo que pone en evidencia las fallas en el sistema de protección.
Entre las principales exigencias, las organizaciones demandan la aprobación de la Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, auditorías independientes a las instituciones responsables y más recursos para programas de prevención, protección y apoyo a las víctimas.
