Legisladores buscan prevenir embargos bancarios sin justificación adecuada

Legisladores buscan prevenir embargos bancarios sin justificación adecuada

El Congreso Nacional se encuentra evaluando un proyecto de ley que busca introducir cambios significativos en la regulación de los embargos retentivos, una medida judicial que, al permitir la retención de bienes o dinero de un deudor en manos de terceros, ha generado múltiples controversias y complicaciones financieras. Este tipo de embargo, comúnmente utilizado para asegurar el cumplimiento de deudas, ha sido señalado por afectar de manera adversa las cuentas bancarias de individuos y empresas, muchas veces sin una justificación adecuada.

En una reciente sesión, la comisión de justicia de la Cámara de Diputados discutió el proyecto con representantes de la Superintendencia de Bancos. La propuesta tiene como objetivo principal que la determinación de la deuda sea exclusivamente competencia de un juez, evitando así que terceros puedan embargar cuentas bancarias sin la debida documentación.

Luz Marte Santana, consultora jurídica de la Superintendencia de Bancos, destacó la importancia de establecer una diferenciación clara entre el embargo retentivo y otras figuras legales, como las oposiciones utilizadas en casos de divorcio o sucesiones. “Una tercera persona no puede dictar la suerte del patrimonio de otra sin documentación que lo respalde”, enfatizó Marte Santana, quien también subrayó la necesidad de establecer plazos definidos para los embargos, evitando su prolongación indefinida.

El proyecto, impulsado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y otros legisladores, busca ser aprobado antes de finalizar el año. Wandy Batista, presidente de la Comisión de Justicia, expresó su apoyo a la iniciativa, destacando que el problema no puede esperar por una reforma del Código Civil. Durante el encuentro, se instó a avanzar en la documentación y discusión necesaria para que esta ley se convierta en una realidad, en un esfuerzo por proteger la economía de los ciudadanos y las empresas del país.