Protegida en la cama, castigada por decidir

El nuevo Código Penal ha dado un paso crucial al reconocer la violencia sexual en relaciones de pareja, desafiando antiguas ideas sobre la violación en matrimonios o uniones sentimentales. Esta disposición establece penas de 10 a 20 años de prisión y multas severas para proteger el derecho de la mujer (y en menor medida del hombre) a negar consentimiento sexual, fortaleciendo el principio de autonomía corporal y resaltando la importancia de respetar los derechos humanos de las mujeres, especialmente en entornos conservadores como República Dominicana.

Este avance legal es significativo al admitir que incluso en una relación de pareja se puede dar la violencia sexual, rompiendo con el paradigma que negaba la posibilidad de violación dentro del matrimonio o de una unión sentimental. La sanción de diez a veinte años de prisión y multas severas refleja la gravedad con la que se considera este delito, afirmando el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y estableciendo como delito cualquier actividad sexual no consentida, incluso si es con su pareja.

El artículo 136 refuerza el principio de autonomía corporal, un desafío crucial en la aplicación de los derechos humanos de las mujeres, particularmente en países conservadores como República Dominicana. Aunque esta conquista legislativa puede entrar en contradicción con el régimen penal del aborto descrito en otros artículos del Código Penal.

El Código Penal contempla sanciones para quienes provoquen o consientan un aborto, incluyendo castigos para la mujer en ciertos casos. A pesar de que se reconoce que una mujer puede ser víctima de violación sexual incestuosa y se castiga al culpable con penas severas, no se permite a la mujer abortar si queda embarazada como resultado de ese abuso.

Esta situación plantea una clara contradicción ética, jurídica y lógica, donde se protege a la mujer frente al abusador, se reconoce su derecho a decir “no” en el ámbito sexual dentro de una relación de pareja y, sin embargo, se le niega la posibilidad de interrumpir un embarazo fruto de una violación. La legislación debe seguir evolucionando para garantizar la coherencia en la protección de los derechos de las mujeres en todas las circunstancias.