Maxy Montilla y sus empresas reintegrarán más de RD$3,000 millones al Estado tras acuerdo con la Pepca
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó un acuerdo de criterio de oportunidad entre Maxy Gerardo Montilla Sierra y sus empresas, aceptando responsabilidad penal y autorizando el decomiso de RD$ 2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano. El acuerdo fue presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como parte de la Operación Antipulpo. Los representantes de la Pepca valoraron la resolución del tribunal como un avance en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad, respaldando la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha aprobado un acuerdo de criterio de oportunidad entre Maxy Gerardo Montilla Sierra y sus empresas, donde aceptan la responsabilidad penal y permiten el decomiso de RD$ 2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano. Este acuerdo ha sido presentado como parte de la Operación Antipulpo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), marcando un avance significativo en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad, respaldando la labor de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El acuerdo aprobado implica que Montilla deberá pagar una indemnización de RD$ 600 millones a las Distribuidoras de Electricidad del Este (EdeEste), del Sur (EdeSur) y del Norte (EdeNorte) como compensación por los daños causados. Además, se le exige disolver varias de sus empresas en un plazo de dos años y abonar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$ 431,816,307.90.
También se ha autorizado el decomiso de una porción de terreno y una serie de medidas que buscan resarcir los perjuicios causados por sus acciones. En este proceso, las empresas distribuidoras han sido representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), mientras que Montilla Sierra y sus empresas cuentan con la asistencia legal de Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
El Ministerio Público ha establecido que Montilla Sierra utilizó sus empresas de manera fraudulenta en procesos de contratación pública, infringiendo las normativas que regulan dichas contrataciones en el Estado dominicano, obteniendo adjudicaciones de forma ilícita en detrimento del patrimonio público. Este acuerdo representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad, mostrando el compromiso de las autoridades en la persecución de estos actos ilícitos.
