Miguel Valerio niega pacto corrupto con Maxy Montilla
Miguel Valerio, abogado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), respalda el criterio de oportunidad acordado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, en la investigación de estafa al Estado. Valerio defiende la decisión de la Procuraduría, que ha sido criticada por miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Según Valerio, Montilla Sierra recibió un trato similar al de otros empresarios en casos similares, sin privilegios debido a su relación con Medina.
Miguel Valerio, el abogado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), ha respaldado recientemente el acuerdo de criterio de oportunidad alcanzado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con Maxy Gerardo Montilla Sierra, el cuñado del expresidente Danilo Medina, en el marco de la investigación por estafa al Estado.
Valerio defiende con firmeza la decisión de la Procuraduría, la cual ha sido objeto de críticas por parte de miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Según Valerio, Montilla Sierra ha sido tratado de manera similar a otros empresarios en casos análogos, sin recibir privilegios debido a su relación con Medina.
El abogado destaca que el acuerdo se basa en un criterio de oportunidad mediante el cual Montilla ha proporcionado información valiosa a cambio de reparar el daño y restituir dinero al Estado. Valerio enfatiza que aquellos que critican el acuerdo desconocen cómo funcionan los acuerdos judiciales y subraya que este caso resultará en una recuperación significativa de fondos para el Estado, a diferencia de otros casos de corrupción.
Recientemente, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha homologado un acuerdo en el que Montilla Sierra y sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de una cantidad considerable de dinero a favor del Estado dominicano.
Además de los decomisos en efectivo, Montilla deberá pagar indemnizaciones a varias empresas eléctricas, así como a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Se prevé también la disolución de varias empresas relacionadas con el acusado en un plazo de dos años.
El acuerdo supone un paso importante en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, demostrando que las acciones judiciales pueden conducir a la recuperación de fondos malversados y a la rendición de cuentas de aquellos involucrados en prácticas ilícitas.
