Acusación de la Familia Reyes por Estafa Estatal en Terrenos del Aeropuerto Internacional de Las Américas

La familia Reyes, parte querellante en el caso Calamar, ha alzado su voz para denunciar lo que consideran una desinformación por parte del Ministerio Público acerca de las parcelas del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA). Según su abogado, Patricio Mañón Amador, las matrículas de las parcelas en disputa han sido emitidas por autoridades competentes desde 1956, respaldando así la legítima propiedad de la familia Reyes.

La controversia se ha desatado con fuerza en torno a la propiedad de estas tierras que forman parte del AILA, un conflicto que ha mantenido a la familia en una batalla legal que se extiende a lo largo de décadas.

En una declaración a los medios, Mañón Amador afirmó que el Ministerio Público ha puesto en duda la propiedad de sus representados, alegando supuestas irregularidades en las matrículas de las parcelas. Sin embargo, el abogado sostiene que dichas matrículas han sido emitidas por el Tribunal Superior de Tierra y otras entidades competentes desde hace más de medio siglo, lo que, a su juicio, confirma la legitimidad de la propiedad de la familia Reyes.

El abogado no solo ha refutado las afirmaciones del Ministerio Público, que acusa al Estado de haber sido engañado, sino que también ha despejado dudas sobre el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, aclarando que este no cometió ningún desfalco, sino que cumplió con sentencias que ordenaban el pago de una deuda social pendiente desde hace más de seis décadas, eximiéndolo de cualquier responsabilidad penal.

Mañón también ha destacado que el pago, que representaba el 80 % del total adeudado, fue realizado a la familia en agosto de 2016, coincidiendo con la gestión de Donald Guerrero como ministro de Hacienda, y que dicho pago ya estaba contemplado en el presupuesto desde 2016.

El abogado ha subrayado que sentencias de años anteriores ya habían ordenado al Estado dominicano efectuar dicho pago, algo que, según denuncian, no se había cumplido. Ante esta situación, los representantes legales de la familia Reyes han anunciado que solicitarán el levantamiento de la oposición al pago y presentarán una querella contra el Estado por la presunta estafa que, a su parecer, la familia ha sufrido durante más de siete décadas.

Con un equipo legal conformado por Martín Mañón Lara, Moisés Sánchez Ramírez, Rafael Antonio Zapata y Alexander Navarro Rossi, la familia Reyes está decidida a hacer valer sus derechos y reclamar lo que consideran legítimamente suyo en esta larga y compleja disputa legal.