La demanda que llevó al acuerdo con Maxy Montilla
La querella presentada por el Estado dominicano y las empresas distribuidoras de electricidad (Edeeste, Edesur y Edenorte) el 14 de junio de 2021 fue crucial en el caso Antipulpo, llevando a Maxy Gerardo Montilla Sierra a admitir su culpabilidad. Se acusa a Montilla Sierra y otros exfuncionarios y empresarios de un fraude de más de 20 mil millones de pesos a través de contrataciones públicas fraudulentas y sobrevaloradas. Además de Montilla, están implicados Jerges Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Mariñez, Julio César Correa, Juan Alexis Medina Sánchez y otras personas y empresas.
La querella presentada por el Estado dominicano y las empresas distribuidoras de electricidad (Edeeste, Edesur y Edenorte) el 14 de junio de 2021, desencadenó un giro crucial en el caso Antipulpo. Este caso llevó a Maxy Gerardo Montilla Sierra a reconocer su culpabilidad en un fraude de más de 20 mil millones de pesos a través de contrataciones públicas fraudulentas y sobrevaloradas. Además de Montilla, otros exfuncionarios y empresarios como Jerges Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Mariñez, Julio César Correa, Juan Alexis Medina Sánchez y otras personas y empresas se vieron implicados en este escándalo.
La acusación detalla un esquema de fraude millonario en el sector eléctrico. Montilla Sierra se hizo pasar por el distribuidor exclusivo de la tecnología Twacs de Aclara Technologies, LLC., inflando los precios de los equipos y manipulando las fichas técnicas en los pliegos de licitación para beneficiar a su empresa, Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.. Se estima que la sobrevaloración de los productos pudo haber alcanzado hasta un 100% de su valor real.
Se lo señala también por participar en contrataciones amañadas con la CDEEE, algunas financiadas por organismos internacionales. Montilla Sierra habría modificado contratos con Edesur después de su adjudicación, alterando aspectos esenciales y añadiendo montos adicionales. El perjuicio económico al Estado se calcula en más de 50 mil millones de pesos derivado de estas transacciones fraudulentas.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, validó un acuerdo de criterio de oportunidad entre la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y Maxy Gerardo Montilla Sierra. Como parte de este acuerdo, Montilla Sierra y sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y acordaron el decomiso de 3 mil millones de pesos en efectivo a favor del Estado. A cambio, se comprometió a testificar y proporcionar información sobre otros implicados en el caso. ¡Un capítulo más en la lucha contra la corrupción que no deja de sorprendernos!
