Calificación de ilegalidad del traspaso de fondos del Seguro de Riesgos Laborales al SDSS por Olivo Rodríguez
El abogado y profesor de Derecho Administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, ha denunciado como una “violación flagrante” los principios de legalidad y especialidad en la reciente resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Esta autoriza el traspaso de RD$12,500 millones en excedentes de las reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) para apoyar al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Según la resolución del CNSS, se destinarán RD$6,000 millones a la protección en salud a través de Senasa, RD$5,000 millones al Fondo de la Cuenta del Cuidado de Salud del Régimen Contributivo, y RD$1,500 millones para los subsidios por enfermedad común, lactancia y maternidad.
Rodríguez Huertas ha comparado esta medida con una situación similar en 2006 y la considera un salvavidas para el “desastre financiero” de Senasa.
El abogado y profesor de Derecho Administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, ha desatado una controversia al calificar la reciente resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) como una “violación flagrante” de los principios de legalidad y especialidad. Esta polémica decisión autoriza el traslado de RD$12,500 millones en excedentes de las reservas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) para respaldar al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).
Según el CNSS, una parte significativa de estos fondos se destinará a fortalecer la protección de la salud a través de Senasa, así como al Fondo de la Cuenta del Cuidado de Salud del Régimen Contributivo y a varios subsidios esenciales.
El jurista ha comparado esta medida con un evento similar ocurrido en 2006 y la ha descrito como un salvavidas para la situación financiera crítica de Senasa.
Rodríguez Huertas ha subrayado que la Ley 397-19 especifica claramente la asignación de recursos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) para gastos administrativos y prestaciones laborales, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de la decisión del CNSS.
Además, ha destacado que, según la misma ley, cualquier uso de excedentes debe contar con la aprobación del Consejo Directivo del IDOPPRIL, lo que no se ha cumplido en este caso.
El abogado ha enfatizado que el principio de especialidad en el derecho administrativo impide que entidades como el IDOPPRIL desvíen sus recursos de su misión institucional, planteando un dilema ético en la gestión de fondos públicos.
En cuanto a las posibles consecuencias legales, Rodríguez Huertas ha sugerido la suspensión de la resolución por parte del CNSS y la modificación presupuestaria por parte del Poder Ejecutivo para corregir esta situación. Adicionalmente, ha advertido sobre las responsabilidades legales que podrían enfrentar los miembros del CNSS que aprueben decisiones contrarias a la ley, incluyendo sanciones que van desde indemnizaciones hasta penas de prisión.
Esta controversia plantea importantes cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos destinados a la seguridad social en la República Dominicana, generando un debate sobre la responsabilidad y ética en la toma de decisiones financieras que impactan directamente en la protección social de la población.
