Acusaciones de la jueza no ratificada contra el CNM: “Desacierto colosal”

La Jueza de la Suprema Corte de Justicia, Pilar Jiménez Ortiz, ha levantado la voz contra el Consejo Nacional de la Magistratura, calificando sus motivaciones como “desacertadas y desconsideradas”. En una carta dirigida a los consejeros, expresó su profundo descontento al ser excluida de su cargo y denunció la intención de difamar su carrera profesional.

El rechazo de Jiménez Ortiz por parte del CNM no solo la afecta personalmente, sino que también pone en peligro el Estado de Derecho, según sus palabras. La jueza lamentó haber confiado en promesas vacías de un trato justo hacia las mujeres en el Consejo, cambiando su decisión de no presentarse a la evaluación.

La magistrada criticó la práctica del CNM de descalificar a mujeres con una carrera judicial intachable, señalando que se busca generar rumores denigrantes contra aquellos evaluados que no son ratificados, a pesar de su impecable trayectoria.

Jiménez Ortiz argumentó en contra de los puntos utilizados por el CNM para justificar su no ratificación, indicando que carecen de base legal y afectan la independencia judicial. La jueza refutó la crítica del Consejo sobre la aplicación de la Ley 2-23, mencionando que dicho criterio de evaluación no está respaldado por la legislación existente.

La jueza resaltó una contradicción significativa al mencionar que el presidente del Tribunal Constitucional y miembro del CNM, Napoleón Estévez Lavandier, promovió un acuerdo plenario que él mismo había incumplido en el pasado. Esta discrepancia, según Jiménez Ortiz, pone en entredicho la imparcialidad del Consejo en sus evaluaciones.

En cuanto a la crítica del CNM sobre la emisión de sentencias en la Sala que preside, la jueza lo calificó de una interpretación creativa del órgano evaluador, ya que dicha valoración no se ajusta al reglamento establecido para el proceso de evaluación de los jueces de la SCJ.

La valiente postura de la Jueza Pilar Jiménez Ortiz en defensa de su integridad profesional y la independencia judicial destaca la importancia de una evaluación justa y fundamentada en el marco legal correspondiente.