Alerta de Duartianos sobre los riesgos de reintegrar al país a la Corte IDH

La Fuerza Nacional Progresista (FNP) ha expresado su preocupación por las gestiones de la Cancillería dominicana para reincorporar al país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la oposición de este organismo a la sentencia 168-13 sobre la regularización de inmigrantes. La inquietud se ha intensificado después de una reunión entre el canciller Roberto Álvarez y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.

Los integrantes del Instituto Duartiano se encuentran preocupados por las posibles acciones de la Cancillería para volver a unirse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que se opuso a la sentencia 168-13 sobre la regularización de inmigrantes.

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, compartió en redes sociales su preocupación tras el encuentro entre el canciller Roberto Álvarez y el presidente del TC, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, alertó sobre posibles movimientos que podrían socavar los efectos de la sentencia 168-13, la cual protege la nacionalidad dominicana. Advierte sobre la posibilidad de otorgar facultades vinculantes a la Corte IDH, lo que considera una seria amenaza a la soberanía del pueblo dominicano.

La oposición al Instituto Duartiano y otros sectores nacionalistas dominicanos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basa en la defensa de la soberanía jurídica y el control de las políticas migratorias de la República Dominicana, destacando la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido fallos que contradicen la sentencia 168-13, argumentando que el Estado dominicano viola derechos humanos al no reconocer la nacionalidad de los hijos de extranjeros en situación migratoria irregular nacidos en el país, lo que podría llevar a situaciones de apatridia.

Los duartianos consideran que acatar las decisiones de la Corte IDH implicaría otorgar la nacionalidad dominicana de manera masiva a hijos de inmigrantes haitianos ilegales, lo cual perciben como una imposición externa que vulnera la Constitución y la soberanía del país.