Defensa con pruebas de la transparencia de la gestión pública de Donald Guerrero
El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien ocupó el cargo durante el segundo mandato del expresidente Danilo Medina, participó en la audiencia de seguimiento del caso Calamar en el Palacio de Justicia. Guerrero, uno de los principales imputados en el caso, afirmó que demostrará la transparencia con la que ejerció sus funciones. Denunció que un informe de la Unidad de Fraude de la Contraloría General de la República, base de las diligencias procesales del caso, nunca le fue notificado, lo cual considera una vulneración a la Ley 107-13.
El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, ha sido una figura clave en el caso Calamar, el cual ha acaparado la atención en el Palacio de Justicia durante la audiencia de seguimiento. En un breve discurso dirigido al tribunal, Guerrero se comprometió a demostrar con pruebas la transparencia con la que desempeñó su labor en el sector público durante su mandato, que abarcó desde 2016 hasta 2020 bajo la presidencia de Danilo Medina.
Una de las cuestiones que ha levantado polémica es que un informe elaborado por la Unidad de Fraude de la Contraloría General de la República, utilizado como base para varias actuaciones judiciales en el caso Calamar, nunca fue notificado a Guerrero. Esta situación, según el exministro, constituye una clara infracción a la Ley 107-13, que establece los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y los procedimientos administrativos.
Guerrero expresó su molestia ante la jueza al señalar que la falta de notificación de dicho informe le privó de ejercer su derecho de defensa, lo que considera una vulneración flagrante del debido proceso legal. Además, denunció que el documento fue filtrado a la prensa y utilizado en decisiones judiciales en su contra durante más de cuatro años, sin que él tuviera conocimiento de ello, lo que violaría sus derechos fundamentales.
El caso Calamar involucra a veinte personas acusadas por el Ministerio Público de desfalcar al Estado dominicano en más de 19 mil millones de pesos a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos de utilidad pública y sobornos relacionados con la campaña política del 2020. Entre los implicados se encuentran exaltos funcionarios como Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver Peña, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
A pesar de las acusaciones en su contra, el equipo legal de Donald Guerrero decidió no presentar sus argumentos de defensa en la jornada reciente, respetando el calendario establecido por el tribunal para las respectivas defensas. Sin embargo, dejaron constancia en acta de que el informe de la Contraloría del año 2021, supuesta prueba en su contra, nunca les fue notificado adecuadamente.
