Desarrollo de APPs en República Dominicana: causas de demoras y áreas de mejora

En la vibrante República Dominicana, el tema de las alianzas público-privadas (APP) ha generado opiniones encontradas cinco años después de la Ley 47-20. Algunos la consideran un fracaso, mientras que otros sugieren que se necesita agilizar el proceso reduciendo las exigencias. Proyectos clave han migrado a fideicomisos públicos y otros vehículos más flexibles, lo que ha complicado la rendición de cuentas al cambiar los estándares. La clave está en mantener una normativa uniforme para todos los modelos, exigiendo transparencia, análisis de costos y riesgos, así como registro de compromisos fiscales en proyectos con dinero público, riesgo público o servicio público.

La conversación en torno a las alianzas público-privadas en la República Dominicana se ha convertido en un vaivén de opiniones. Para algunos, es un fracaso; para otros, es necesario acelerar el proceso, incluso si esto implica reducir las exigencias. Mientras tanto, proyectos relevantes han migrado a fideicomisos públicos y otros vehículos más flexibles en términos operativos. Sin embargo, aquí está el dilema: al cambiar el vehículo, muchas veces también cambia el estándar, lo que encarece, retrasa y complica la rendición de cuentas. El desafío no radica en la APP como instrumento ni en el fideicomiso como herramienta, sino en tomar decisiones sin un expediente sólido.

La solución es sencilla y verificable: aplicar el mismo criterio a todos los modelos. Cuando se involucra dinero público, riesgo público o servicio público, se debe exigir un paquete mínimo que incluya estudios, comparaciones de costos a lo largo del ciclo de vida, matriz de riesgos, transparencia del expediente y registro de compromisos fiscales. Para llevar esto a la acción, propongo una metodología que permita diseñar y evaluar proyectos desde el principio, dimensionando la financiación de manera adecuada y filtrando rápidamente lo inviable para construir un banco de proyectos con potencial real.

Es crucial entender que una alianza público-privada no se decide como una compra pública común. Antes de licitar, es necesario definir el problema, evaluar alternativas, estimar la demanda o uso, preparar ingeniería de referencia, considerar impactos y permisos, evaluar costos e impacto fiscal, entre otros aspectos. Posteriormente, se debe abordar el diseño de riesgos y rendimiento, contemplando quién asume sobrecostos, cómo se garantiza la calidad del servicio y qué sucede en caso de incumplimientos.

Solo con un expediente sólido tiene sentido avanzar al mercado, competir, adjudicar y llegar al crucial cierre financiero. Posteriormente se continúa con la construcción, pruebas y puesta en marcha. Este ciclo completo suele extenderse más allá de un mandato político, incluso cuando el proceso está bien diseñado.