Deuda estatal con contratistas sobrepasa los RD$500 millones

Un grupo de contratistas y proveedores del Estado dominicano, representados por los abogados Luis Ricardo y Erick Morrobel de Ricardo & Morrobel Consultores Legales, levantaron la voz en una rueda de prensa para exponer una situación alarmante. ¡Imagina trabajar arduamente, entregar una obra al Estado y esperar más de dos décadas para recibir el pago que te corresponde!

La deuda acumulada supera los RD$500 millones, correspondientes a trabajos realizados desde finales de los años noventa. Ingenieros, arquitectos y contratistas han cumplido sus compromisos, pero las instituciones públicas parecen haber olvidado cumplir con el suyo.

Detrás de cada cifra, hay historias humanas desgarradoras. Profesionales que invirtieron su esfuerzo, tiempo y recursos personales para llevar a cabo proyectos públicos, enfrentan ahora consecuencias económicas y personales devastadoras. Es un panorama desolador que merece ser escuchado y resuelto.

Los trámites para reclamar estos pagos se han convertido en un laberinto burocrático y judicial, dificultando el acceso a la justicia de aquellos que han sido ignorados durante tanto tiempo. Decisiones incomprensibles en los tribunales han dilatado aún más un proceso que debería haber sido resuelto hace mucho.

La falta de actualización de los montos adeudados, sumado a la ausencia de compensaciones justas por los daños sufridos, agrava la injusticia de una situación que clama por ser corregida. Es desmoralizante ver cómo los afectados luchan por obtener lo que legítimamente les pertenece.

Adicionalmente, los requisitos exigidos por la Dirección General de Impuestos Internos para regularizar la situación fiscal y poder cobrar lo adeudado se vuelven una trampa para muchos, ya que la falta de pago por parte del Estado les impide cumplir con tales exigencias. Una paradoja que solo añade más sufrimiento a quienes ya han esperado demasiado.

Es hora de que estas historias de injusticia y abandono sean escuchadas y atendidas. La lucha de estos contratistas y proveedores es un recordatorio de que detrás de cada obra pública hay esfuerzo, dedicación y una deuda moral que el Estado tiene la obligación de saldar. ¡Esperemos que esta denuncia provoque un cambio real y justo para aquellos que llevan demasiado tiempo en la sombra!