El Gobierno se compromete a cumplir con la ley de Residuos Sólidos aprobada el 23 de julio

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha anunciado que la modificación de la Ley 225-20 sobre Residuos Sólidos será objeto de revisión y devuelta al Congreso Nacional para su análisis, a pesar de aún no haber sido oficialmente remitida. La ley se encuentra actualmente en el Senado de la República después de haber sido modificada el 23 de julio. El presidente Luis Abinader tiene la intención de examinar las modificaciones propuestas por el sector empresarial antes de su aprobación final.

Aunque la ley no ha sido enviada oficialmente al Poder Ejecutivo, el consultor jurídico Antoliano Peralta ha subrayado que la modificación de la Ley 225-20, de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, será cuidadosamente revisada y devuelta al Congreso Nacional para su análisis detallado.

A pesar de haber sido modificada el 23 de julio, esta ley sigue en manos del Senado de la República y se espera que una vez aprobada sea enviada al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación. Posterior a su aprobación, el presidente Luis Abinader expresó su interés en revisar las modificaciones sugeridas por el sector empresarial antes de su aprobación definitiva.

Además, Ricardo de los Santos, presidente del Senado, informó a los periodistas del Listín Diario que se encuentran en un proceso de estudio en colaboración con el Gobierno para asistir al presidente en la elaboración de las observaciones que presentará en los próximos días.

Antoliano Peralta, en una entrevista en el programa radial “A Diario”, transmitido por Sentido 89.3 FM, mencionó que se espera que la ley llegue al Poder Ejecutivo pronto y será objeto de observación. Según el consultor jurídico, es crucial reunirse con los autores y personas interesadas en el tema, ya que de lo contrario, la ley podría presentar problemas si se promulga sin cambios.

Es evidente que el país necesita una sólida ley de residuos sólidos y se está trabajando arduamente para lograr una legislación que cumpla con los estándares necesarios para abordar eficazmente esta cuestión.

Las modificaciones a la Ley 225-20 han generado debates y críticas desde su aprobación en el Congreso Nacional, principalmente provenientes del sector empresarial y turístico. Organizaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) han expresado su oposición a las modificaciones, argumentando que el enfoque propuesto podría afectar la sostenibilidad ambiental, la equidad económica y la gobernanza democrática.