El Gobierno utilizaría el Código Penal de 2002 si el Congreso Nacional no modifica la ley antes de enero
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de República Dominicana declaró inconstitucional la Ley 10-15, que modificó el Código Procesal Penal en 2015. La sentencia detectó vulneraciones a principios constitucionales y irregularidades en el trámite legislativo. El TC dio un año al Congreso Nacional para elaborar una nueva normativa que corrija la inconstitucionalidad. Si no se cumple, el Código Procesal Penal perdería 110 artículos reformados.
En febrero de 2015, República Dominicana recibió una nueva ley, bajo la numeración 10-15, que modificó el marco establecido para el Código Procesal Penal (CPP) del país, el cual no había sido actualizado desde el año 2002.
Pero, ¡sorpresa! Años después, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional (TC) decidió en una sentencia declarar inconstitucional el proyecto convertido en ley, ¡vaya lío! Detectaron vulneraciones a principios constitucionales y hasta irregularidades en el proceso legislativo. ¡Menudo revuelo!
El dictamen TC/076524 dio un tirón de orejas al Congreso Nacional, dándoles un año para corregir la inconstitucionalidad. Si no lo hacen, el Código Procesal Penal se queda sin 110 artículos reformados. ¡Imagínate la vuelta al pasado en el sistema judicial!
Los magistrados del TC fueron claros: la Ley 10-15 perderá su vigencia si no se ajusta a las normas constitucionales. ¡El reloj está en marcha y el tiempo corre!
Mientras tanto, en el Senado de la República, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos lleva dos meses estudiando un proyecto para enmendar los errores constitucionales y evitar retroceder dos décadas en el sistema judicial. ¡Qué tensión en el ambiente legislativo!
El presidente de la mesa legislativa, senador Antonio Taveras, está a tope preparando el proyecto final, listo para enviarlo a las entidades involucradas en el uso de las leyes penales. ¡Todos a una para solucionar este embrollo!
El Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, representantes del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), Fundación Justicia y Transparencia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y las universidades del país podrán hacer sus aportes. ¡Un esfuerzo conjunto para enderezar el camino legal!
¡Qué emoción! En 15 días se realizará un taller para recoger opiniones y ajustar detalles. ¡La recta final está cerca y todos están ansiosos por lograr la mejor solución en beneficio del sistema judicial dominicano! ¡A esperar con intriga y entusiasmo el desenlace de esta historia legislativa!
