El Instituto de Derecho Penal señala el abuso de la prisión preventiva como causa del colapso en la justicia.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) ha emitido su opinión sobre el colapso del sistema de justicia penal en la República Dominicana, apuntando hacia dos causas fundamentales: el uso excesivo de la prisión preventiva por parte de los jueces y el déficit presupuestario crónico que afecta al Poder Judicial.

En respuesta a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en las que reconoció el colapso total del sistema judicial, los abogados del IDDP han expuesto su postura, destacando que si bien están parcialmente de acuerdo con Molina, consideran que este ha omitido abordar las causas estructurales subyacentes a la crisis.

Carlos Balcácer, uno de los miembros del instituto, ha señalado que la prevalencia de la “cultura de la prisión preventiva” es un factor determinante en este colapso. Esta cultura se manifiesta en la solicitud sistemática por parte del Ministerio Público de medidas de coerción severas, lo que sobrecarga el sistema con trámites procesales innecesarios.

Balcácer también ha denunciado que el colapso judicial tiene un componente financiero que ha sido ignorado, como lo es el incumplimiento reiterado de la Ley No. 194-04, que establece un porcentaje mínimo de ingresos internos del Estado destinado al Poder Judicial y al Ministerio Público. Esta falta de recursos ha derivado en sueldos precarios y renuncias masivas de personal calificado.

El IDDP sostiene que la solución no solo radica en promover acuerdos entre las partes, sino en fortalecer la estructura misma del sistema judicial. Argumentan que con salarios dignos y una expansión de los espacios para administrar justicia, el colapso denunciado podría evitarse.

Es fundamental abordar estos problemas estructurales y financieros para garantizar un sistema de justicia penal eficiente y equitativo en la República Dominicana. La prioridad debe ser corregir las deficiencias existentes y fortalecer la institución judicial para brindar un servicio de calidad a la población.