El sistema judicial colapsa: imposible resolver todos los casos penales con juicios completos

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, ha tomado la iniciativa de liderar un diálogo en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este (SDE) para abordar un tema crucial: la saturación del sistema judicial dominicano. En un evento que reunió a diversos sectores de la sociedad, Molina expresó la necesidad de priorizar acuerdos entre las partes en lugar de recurrir a juicios de fondo, con el objetivo de agilizar el proceso judicial.

Molina destacó la importancia de cambiar la forma en que se resuelven los casos penales en la República Dominicana. En su intervención, resaltó que el sistema judicial ya se encuentra colapsado y que resolver casos penales sin acuerdos solo empeoraría la situación. Propuso que la sociedad dominicana adopte una nueva cultura que favorezca la modalidad de los convenios como una vía para concluir los conflictos penales de manera más eficiente.

El presidente de la SCJ hizo hincapié en la necesidad de un cambio cultural que implique una transformación en la cultura organizacional, los procedimientos y la ética de los actores procesales. Destacó la importancia de mirar a países desarrollados, como Estados Unidos, donde la mayoría de los casos se resuelven a través de acuerdos, como un modelo a seguir.

Molina señaló que es fundamental que los casos penales en el país no se prolonguen durante largos períodos y puso como meta que sean resueltos en un plazo máximo de un año. En la actualidad, la segunda sala penal de la Suprema Corte cuenta con una eficiencia notable, logrando resolver la mayoría de los casos entre tres y seis meses.

El magistrado abordó también la cuestión de los procesos judiciales mediáticos, resaltando la importancia de resolverlos mediante acuerdos en lugar de llevarlos a juicio. En su visión, busca contar con órganos judiciales capaces de concluir los hechos penales a través de la conciliación, evitando así la sobrecarga de los tribunales.

En otro aspecto, Molina manifestó la necesidad de revisar los procesos judiciales que involucran a menores de edad, proponiendo una discusión conjunta con el Concejo Nacional de la Niñez para “desjudicializar” ciertos procedimientos que afectan a este grupo vulnerable. En sus palabras, la judicialización no constituye la solución a los problemas de los niños, niñas y adolescentes.

La propuesta de Molina refleja un enfoque innovador y proactivo para abordar los desafíos del sistema judicial dominicano, buscando optimizar los recursos y acelerar la resolución de conflictos legales en beneficio de la sociedad en su conjunto.