Escasez de Centros Especializados para Imputados con Demencia: Advertencia de Expertos

En República Dominicana, la gestión de la salud mental en el sistema judicial ha sido puesta en relieve por dos casos recientes y estremecedores: los de Jean Andrés Pumarol y la médico militar Ana Josefa García Cuello, quienes padecen demencia. Estos casos han abierto un debate profundo sobre la responsabilidad penal de quienes sufren de enfermedades mentales al momento de cometer un delito.

La declaración de “inimputable” es excepcionalmente rara en comparación con la gran cantidad de procesos penales habituales en el país. El artículo 64 del Código Penal choca con la realidad de estos casos, donde se establece que no hay crimen ni delito cuando la persona carece de orientación en tiempo y espacio al momento del hecho.

El debate se ha intensificado debido a que la salud mental de los acusados parece entrar en conflicto con la rigidez de la ley. En el caso de García Cuello, la defensa argumenta que la acusada estaba desconectada de la realidad en el momento del suceso, mientras que en el caso de Pumarol, los antecedentes psiquiátricos han sido el centro de la controversia.

García Cuello está enfrentando un juicio por el asesinato de su hija de seis años en Santo Domingo Este, mientras que Pumarol fue absuelto de un ataque violento que resultó en la muerte de una anciana y dejó heridas a otras cinco personas.

El psiquiatra Julio Alberico Hernández destaca la importancia de respetar los diagnósticos emitidos por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en estos casos. Sugiere que, en caso de duda, los tribunales podrían recurrir a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría para una evaluación adicional.

Hernández enfatiza que cuando se demuestra que una persona sufre de demencia o desorientación al momento del delito, se considera una “fuerza irresistible” que anula la responsabilidad penal. Además, lamenta que a menudo la opinión pública emita juicios sin conocimiento técnico, presionando por condenas que podrían no ser justas desde el punto de vista legal.

El especialista también señala una carencia en el sistema de salud pública, ya que considera que no hay suficientes centros de internamiento para pacientes con problemas mentales. Esta situación plantea un desafío adicional en el tratamiento y la custodia de personas con condiciones mentales en conflicto con la ley.