El director del departamento de Investigaciones Especiales de la Fiscalía del Distrito Nacional, Germán Vásquez Sosa, advirtió que uno de los querellantes contra el gerente general de elsiglo21, José Ángel Gómez Canaán, Jochy, ocultó a las autoridades que es vecino de la residencia de la familia Gómez-Canaán y que tenía acceso a la red inalámbrica Wifi de su residencia.

En un  un informe que remitió a la fiscal Yeni Berenice Reynoso del 8 de abril, establece que el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana Francis Antonio Reyes no dijo a los investigadores que desde hace años reside justo frente a la residencia de Gómez en la avenida Enriquillo de la capital.

Además, el documento marcado con un sello confidencial y copia del cual fue conocida, indica que en los análisis técnicos realizados a los equipos ocupados en el allanamiento de febrero del 2012, no se encontró evidencia o información sobre el “hackeo” a la cuenta de correo de Reyes, como denunció.

"Debemos informar un punto de gran relevancia y preocupación, que ha causado a los investigadores mucho asombro y sorpresa debido al ocultamiento", expresa el documento en el que fiscal se refiere a la residencia de Reyes.

Apunta que en ningún momento del proceso de investigación Reyes señaló a los investigadores dónde residía o que hubiera proximidad en relación a la vivienda del imputado.

Indica que de acuerdo a la cercanía de ambas viviendas, Reyes podía conectarse sin ninguna dificultad al servicio de Internet de Gómez Canaán a traves de su señal inalámbrica WiFi, "que se encuentra abierta sin contraseña desde el primer día del allanamiento hasta la actualidad" especifica.

La empresa brasileña Embraer -fabricante de aviones comerciales, militares y ejecutivos- habría informado a la poderosa Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que pagó sobornos en tres países para vender sus aviones, según reportes periodísticos argentinos.

La firma brasileña vendió ocho aviones Supertucanos a la República Dominicana hace seis años, a un costo de 92 millones de dólares, unos once millones de dólares cada uno.

La adquisión de los ocho aviones en el gobierno de Leonel Fernández se hizo supuestamente para "combatir el narcotráfico", pero fue denunciada su sobrevaluación.

El vicealmirante Eurípides Uribe Terrero denunció que los aviones SuperTucano estaban sobrevaluados en unos dos millones de dólares cada uno, al comparar el costo de su adquisición con los mismos aviones comprados por Colombia y otras naciones.

La SEC es el organismo encargado de vigilar el sistema bursátil norteamericano en defensa de los accionistas, y es que Embraer cotiza en la Bolsa de Nueva York.

La República Democrática del Congo (RDC) desplazó a Níger como el peor país del mundo para ser madre, mientras Haití aparece como el peor de América Latina y el Caribe, según el informe anual de Save the Children divulgado el martes en Londres.

Los países de África subshariana copan los 10 últimos lugares de este ránking de 176 países por primera vez en los 14 años transcurridos desde que la ONG fundada en el Reino Unido empezó a estudiar esta problemática.

Haití, en el lugar 164, es el país peor situado del subcontinente latinoamericano, por delante de Guatemala (128) y Paraguay (114). La República Dominicana ocupa el lugar número 93.

Cuba, en el puesto 33 y sólo tres por detrás de Estados Unidos, es en cambio el mejor lugar de la región para ser madre, seguido de Argentina (36) y de Costa Rica (41) en la lista encabezada por Finlandia y otros países nórdicos.

El empresario Rogelio Oruña se describió como presidente de la empresa IBT Group en Panamá, que en la República Dominicana es propiedad del Cónsul Honorario de la República Checa, José Ramón Brea, quien demandó por la vía legal una rectificación de elsiglo21 a la información de que se celebró en Casa de Campo el sábado la boda de una de sus hijas.

En su requerimiento alega que no es socio del empresario Rogelio Oruña quien "ha estado vinculado por razones de negocios al empresario dominicano José Ramón Brea, presidente de IBT Group, que tiene entre sus empresas al periódico 7dias.com.do.", según publicó su medio el pasado lunes.

En su intimación de retractación dice que los reportes son "a todas luces falsas, difamatorias e injuriosas", porque la fuente dijo a elsiglo21 que la boda de una de sus hijas, celebrada el mismo día de los allanamientos en Casa de Campo, fue en el hotel El Embajador y no en Casa de Campo.

De acuerdo a artículos publicados en el año 2011 y 2012 por la unidad de investigación del diario Prensa de Panamá, Oruña, el pasado 6 de febrero, en entrevista en las oficinas de IBT, se describió a sí mismo como "el presidente..., el responsable de todo lo que pase en IBT en Panamá", aunque él, formalmente, no está en la directiva de la empresa.

Las actividades de Oruña en el campo de los contratos de IBT con el Gobierno eran conocidas, y destacaron por una licitación de hospitales en la que participaba IBT. Eso, de acuerdo con un correo electrónico de Lavítola dirigido a Oruña y que reposa en el expediente de la Fiscalía de Nápoles.

Brea había sido denunciado en Panamá porque una de sus empresas, fue contratada sin licitación para confeccionar los pasaportes en la nación istmeña, dijo una fuente a Elsiglo21.

La compañía favorecida grado a grado, Tarjetas Láser Latinoamérica, S.A., fue formada en octubre de 2009 para "proveer asesoría y diseñar y ejecutar proyectos de construcción", según los registros de Panamá.

Los escándalos de Brea en Panamá, según las fuentes de Elsiglo21, además del nuevo que ocupa las primeras planas de los diarios itsmeños, anteceden al reportado por este medio, cuando la empresa le facturó al gobierno panameño US$575,874 por 600 mil libretas de pasaportes, suma que además de duplicar la que el gobierno había pagado por la misma cantidad de libretas en febrero 2009, devino en escandalosa, ya que los pasaportes fueron impresos con numerosos errores e imprecisiones.

José Ramón Brea figura como Presidente de Tarjetas Láser Latinoamérica, S.A., Eduardo David Bensadon, Tesorero, y Daniel Toledano Querub, secretario.

En abril pasado, cuando la Caja de Seguro Social (CSS) convocó al acto de licitación por mejor valor para el suministro de equipos y servicios de hemodiálisis –por un monto de 105.3 millones de dólares–, 11 fueron las empresas que se interesaron en participar, entre ellas, el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services y Promed, S.A., este último con un largo historial de suministros a la CSS, según la información del diario La Prensa.

A pesar del largo proceso de esta particular licitación, en la que abundaron resoluciones de suspensión y acciones de reclamos, las empresas mantuvieron su interés en participar en el acto público. De hecho, Promed –presidida por el empresario y político opositor Jorge Sánchez– cuestionó en su momento varios puntos del pliego de cargos de la licitación.

El proceso, que aún se encuentra en el portal electrónico PanamáCompra, revela que la CSS, a través de un acta fechada el 14 de junio 2011, rechazó cambiar el monto económico propuesto en la licitación por la CSS, que era de 105.3 millones de dólares.

Y dado que el Consorcio IBT Medical Outsourcing Services fue el único que se presentó a la licitación, se le adjudicó el contrato. Esta empresa está presidida por José Ramón Brea, quien es directivo de IBT Group, cuyas filiales en Panamá han obtenido contratos millonarios, incluso, de forma directa, sin licitación ni concurso.

El contrato del Consorcio IBT Medical Outsourcing Services –sociedad inscrita en el Registro Público el 9 de noviembre 2011, tres meses después de haberse adjudicado el millonario contrato de la CSS– tendrá una duración de 52 meses "prorrogables".

El conglomerado IBT ha tenido un corto, pero efectivo paso por diversas licitaciones y contrataciones directas en Panamá, que suman, al menos, unos 370 millones de dólares.

En julio de 2010, el Ministerio de Salud le adjudicó un contrato al Consorcio IBT por $237.1 millones para la construcción de cinco centros de Atención Primaria de Salud Innovadora (Minsa-Capsi), en diversos puntos del interior del país.

Tres meses después, ese mismo conglomerado era el favorito para adjudicarse otros Minsa-Capsi en Las Tablas, Ocú, Pesé y Pedasí.

Así, por ejemplo, figura en al menos cuatro sociedades vinculadas a IBT, entre ellas, Carimex (Latin America) y Carimex Panamá, así como IBT Group y Petrolex Overseas.

Uno de los primeros negocios de IBT Group en Panamá, a través de una de sus empresas, fue la construcción del primer Centro de Atención Primaria de Salud Innovadora (Minsa-Capsi) en Las Garzas de Pacora.

Y, tal como ha sido la historia de muchas de las filiales de IBT, empezó mal. El hoy excontralor Carlos Vallarino se negó a refrendar el proyecto en 2010. El exfuncionario listó 33 observaciones y objeciones al contrato que, dicho sea de paso, se otorgó sin licitación por el Ministerio de Salud al consorcio Constructora Real S.A. y Design Build & Engineering Panamá Inc., esta última del grupo IBT.

Pese a sus objeciones, el presidente, Ricardo Martinelli, intervino. "Recuerdo que el Presidente me llamó y me pidió que refrendara el contrato, pues el hospital llevaría el nombre de su papá [Ricardo Martinelli Pardini], pero yo le dije que con más razón, si iba a llevar el nombre de su padre, debería haber mayor transparencia".

A Martinelli se unió el ministro de Salud, Franklin Vergara, quien también llamó a Vallarino para que agilizara la aprobación del hospital. "También me cuestionaron en el Gabinete, pero les dije que no iba a refrendar nada que se hubiese manejado indebidamente y que representara riesgo para las finanzas del Estado. Pero todo lo que no refrendé lo aprobaron cuando salí", a principios de enero de 2010, indicó Vallarino.

Las objeciones de Vallarino iban desde las malas referencias internacionales de los dignatarios de las empresas de IBT, entre ellas, Design Build & Engineering Panamá Inc. –en cuya lista figura Rogelio Oruña Aguilar–, hasta serias deficiencias en el contrato.

Vallarino encontró, por ejemplo, que no se suministró la lista de los equipos de oficina, mobiliario hospitalario ni biomédico con sus catálogos, especificaciones y precios, para así evaluar su costo y calidad. Tampoco se precisaba si era un centro de atención primaria o un hospital.