La defensa asegura la inocencia de Donald Guerrero ante las acusaciones
La defensa de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, niega las acusaciones del Ministerio Público, argumentando que los pagos señalados son obligaciones legales del Estado, correctamente registradas y sin perjuicio ni beneficio personal. El abogado Eduardo Núñez asegura que las transacciones están documentadas y auditadas, descartando desvíos de fondos o irregularidades. Se afirma que el Ministerio de Hacienda no tiene potestad para expropiar terrenos, fijar precios o seleccionar beneficiarios, sino para cumplir con la ley y registrar oficialmente las operaciones.
La defensa de Donald Guerrero, exministro de Hacienda, ha salido al paso de las acusaciones del Ministerio Público con firmeza y argumentos sólidos. El abogado Eduardo Núñez ha dejado claro que los pagos en cuestión son obligaciones legales del Estado, debidamente registradas y sin ningún beneficio personal involucrado. Aseguran que todas las transacciones están documentadas y auditadas, descartando cualquier irregularidad o desvío de fondos.
Se destaca que el Ministerio de Hacienda no tiene la capacidad de expropiar terrenos, establecer precios o seleccionar beneficiarios; su función es cumplir con la ley y registrar oficialmente las operaciones. La defensa sostiene que es injusto calificar como delitos actos administrativos obligatorios y que cuando todo se registra de manera oficial, no puede haber corrupción.
En el centro de la acusación se encuentra un pago realizado por el Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas para desmontar un programa de contratistas, por un monto considerable. La defensa insiste en que se trató de una operación interinstitucional, debidamente registrada y sin irregularidades.
Se explica que muchos de los pagos bajo cuestionamiento corresponden a terrenos ocupados por el Estado desde hace décadas para obras públicas. Estos pagos fueron ordenados por sentencias judiciales y los montos determinados por avalúos oficiales. Los terrenos en cuestión continúan siendo utilizados para fines públicos.
La defensa recalca que para que exista un delito, se requiere un daño patrimonial real y un beneficio indebido, elementos que según ellos no están presentes en este caso. Insisten en que el Estado cumplió con obligaciones legales preexistentes, sin pérdida patrimonial ni enriquecimiento personal.
En resumen, la defensa de Donald Guerrero argumenta que todos los pagos en cuestión son legales, debidamente registrados y sin beneficio personal, destacando que cumplir con la ley y saldar deudas legales no puede ser considerado un delito. La contabilidad pública respalda las operaciones realizadas y desmiente cualquier narrativa de corrupción en este caso.
