La defensa de José Ramón Peralta desestima réplica del Ministerio Público

Los abogados Pedro Balbuena y Santiago Rodríguez están más que satisfechos con la respuesta del Ministerio Público en el caso de José Ramón Peralta, exministro de la Presidencia. Consideran que la acusación carece de base, lo que ha reforzado la postura de la defensa. Durante la audiencia en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, afirman que no se han presentado pruebas nuevas que respalden el proceso.

Balbuena y Rodríguez sostienen que el Ministerio Público se ha limitado a repetir la versión original de la acusación sin aportar nuevas pruebas que den solidez al caso. La defensa del exministro Peralta se muestra contenta con la réplica presentada, ya que consideran que ha dejado en evidencia la falta de fundamento, validez y credibilidad de la acusación.

Un punto crítico señalado por los abogados es el testimonio del testigo Bolívar Ventura, el número 5 en cuestión. La defensa alega que su inclusión es parte de un fraude procesal para perjudicar a Peralta directamente. Se destaca que Ventura cambió su testimonio a lo largo del proceso y, a pesar de confesar delitos y recibir una gran suma de dinero para acusar a Peralta, el Ministerio Público lo exime de responsabilidad. Por ello, la defensa solicita la exclusión de este testimonio por considerarlo manipulado.

En cuanto a la imputación de uso de fondos ilícitos en actividades proselitistas, los abogados mencionan una certificación de Charles Mariotti, exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que desmiente esta afirmación. Según Rodríguez, el Ministerio Público intenta desestimar esta certificación, pues debilita la acusación sobre el uso de dinero ilícito en la campaña.

Los abogados reafirman que el caso se ha convertido en un “simple cuento” sin pruebas contundentes. Consideran que la etapa de réplica ha dejado al descubierto las debilidades del expediente y confían en que la verdad prevalecerá en los tribunales, a pesar de lo que consideran una deslealtad procesal por parte del Ministerio Público.