“La eficacia de la justicia radica en su prontitud”

La justicia penal se enfrenta a un desafío estructural: la creciente cantidad de casos que llegan a juicio de fondo demanda una gestión más eficaz del sistema. No se trata de una crisis, sino de una necesidad de ajuste para asegurar eficiencia, coherencia y sostenibilidad.

Hablar abiertamente sobre estos retos no debilita la justicia, al contrario, la fortalece. La transparencia en el diagnóstico es crucial para la legitimidad democrática y para consolidar prácticas que agilicen el sistema y lo enfoquen en las personas.

El modelo acusatorio adversarial establece que el juicio oral es la excepción, no la regla. En sistemas eficientes como el de Estados Unidos, la mayoría de los casos se resuelven mediante acuerdos supervisados por jueces. El juicio se reserva para asuntos complejos o especialmente controversiales.

La prolongación innecesaria de un proceso penal priva a las víctimas de reparación, mantiene a los imputados en incertidumbre y deja a la sociedad sin certezas. La justicia tardía mina la confianza, mientras que la justicia oportuna fortalece el Estado de derecho.

La magnitud del reto es evidente: cada año se inician alrededor de 36,000 procesos penales, pero los tribunales deben atender más de 200,000 solicitudes asociadas a esos casos. Esta presión operativa afecta los tiempos y los recursos disponibles. Gestionar el sistema de manera racional es una responsabilidad institucional, no solo una opción técnica.

A nivel internacional, en sistemas acusatorios consolidados, más del 90% de los conflictos se resuelven mediante acuerdos. En contraste, en nuestra realidad, los acuerdos no superan el 10%. Esta brecha revela una herramienta legal infrautilizada que podría garantizar respuestas proporcionales y oportunas sin sacrificar garantías.

Restringir las salidas alternas no conduce a una mayor justicia, sino a congestión y demora. La eficiencia no se alcanza litigando más, sino resolviendo de manera más efectiva y temprana. El acuerdo penal, bajo supervisión judicial, no implica renunciar al castigo, sino aplicar sanciones de forma más rápida y proporcionada.

La experiencia comparada demuestra que sobrecargar el sistema con juicios orales debilita su capacidad institucional y perjudica a las víctimas. Para que este diseño funcione, la previsibilidad es esencial. Cuando las partes pueden anticipar las consecuencias jurídicas con base en la evidencia, el sistema gana en coherencia.