La postura del Gobierno ante la CIDH: “La protección entre Estados no es obligatoria”

Un grupo de haitianos indocumentados fue recientemente detenido por el Ejército en Santiago Rodríguez. Esta noticia ha causado revuelo, especialmente después de que el Gobierno dominicano respondiera a la preocupación expresada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las políticas migratorias del país.

En su declaración, las autoridades dominicanas enfatizaron su derecho y obligación de regular el ingreso y salida de personas en su territorio. Afirmaron su compromiso tanto con la protección de los derechos humanos como con el cumplimiento de las normativas internas vigentes.

La crisis en Haití ha sido identificada como un factor clave que ha generado una significativa presión migratoria hacia la República Dominicana a lo largo de los años. Ante esta situación, el Gobierno ha implementado medidas migratorias con el objetivo de gestionar de manera efectiva este flujo migratorio.

El comunicado oficial también mencionó que ningún Estado puede ser forzado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado frente a un posible colapso. Además, se rechazó el llamado a la aplicación generalizada del principio de no devolución a todo migrante en situación migratoria irregular, argumentando que esto equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar a cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar, incluso de manera irregular, a su territorio.

En resumen, la respuesta del Gobierno dominicano al comunicado de la CIDH destaca la importancia de equilibrar la protección de los derechos humanos con el cumplimiento de las leyes nacionales y los estándares internacionales. La soberanía del país se posiciona como un pilar fundamental en la regulación de la migración, reconociendo la complejidad y la necesidad de abordar este desafío de manera integral y respetuosa.