La RD regresaría al Código Procesal Penal del 2002 si el Congreso Nacional no ajusta la ley antes de enero.

En febrero de 2015, República Dominicana recibió una nueva ley, la 10-15, que trajo consigo importantes cambios al Código Procesal Penal del país, que no había sido actualizado desde 2002. Sin embargo, años después, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional decidió invalidar la ley, argumentando que infringía principios constitucionales y presentaba fallas en su proceso legislativo.

El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia TC/076524, otorgó un plazo de un año al Congreso Nacional para crear una nueva normativa que corrigiera las deficiencias de la Ley 10-15. De no cumplirse esta exigencia, el Código Procesal Penal perdería 110 artículos que fueron modificados en la última reforma. Esto significaría un retroceso para República Dominicana, que se vería obligada a regresar al documento procedimental del año 2002 en los procesos judiciales.

Los legisladores tienen la responsabilidad de subsanar esta situación, ya que de lo contrario, la Ley 10-15 perdería su vigencia y se restablecería la Ley 76-02. Hasta ahora, el Congreso Nacional ha logrado actualizar el Código Penal, pero el Código Procesal Penal sigue pendiente, el cual regula cómo se aplican las sanciones en el sistema judicial.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado lleva más de dos meses estudiando un proyecto de ley que podría corregir las deficiencias constitucionales, evitando así que el país tenga que recurrir a un código penal obsoleto de hace más de dos décadas.

El presidente de la mesa legislativa, senador Antonio Taveras, ha anunciado que están trabajando contra el reloj para finalizar y enviar el proyecto de ley a las entidades pertinentes, como el Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Poder Judicial y otras instituciones relacionadas con la aplicación de la ley.

En aproximadamente 15 días, se llevará a cabo un taller donde estas entidades podrán dar sus opiniones y observaciones sobre el proyecto de ley final. Es crucial que se alcance un consenso para evitar que el país retroceda en términos legales y mantenga un sistema judicial actualizado y acorde a los principios constitucionales.