Más de 500 funcionarios judiciales abandonan sus puestos en República Dominicana este año
En Santo Domingo, la presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, Yokauris Morales, expuso que más de 557 servidores judiciales han renunciado de sus posiciones en el sistema judicial de la República Dominicana desde enero.
Morales señaló la necesidad urgente de cubrir estas vacantes en lugar de eliminarlas, como se ha venido haciendo. Estas declaraciones se dieron en el contexto de un paro de labores a nivel nacional, que fue secundado en su totalidad, afectando las audiencias programadas que tuvieron que ser reprogramadas.
La magistrada explicó que los puestos dejados por jueces jubilados y aquellos que han sido ascendidos, como en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, siguen sin ocuparse. Esto resulta en que otros jueces deben asumir responsabilidades adicionales, sobrecargando el sistema judicial.
Durante la protesta, Morales también exigió una actualización de salarios, destacando que desde 2017 no se ha realizado un ajuste general. Además, criticó el manual salarial actual por crear desigualdades entre jueces y servidores, afectando la carrera administrativa judicial.
A esto se suma la demanda de acabar con la “suplencia transversal” y asegurar que se cumpla con lo establecido en la Ley de Carrera Judicial. La magistrada denunció que algunos jueces y servidores no reciben beneficios por suplencias y horas extras, incrementando el descontento.
El déficit de jueces ya era un problema antes de estas renuncias, lo que obliga a operar con magistrados itinerantes. Morales alertó que los jueces de paz, que son los más nuevos, enfrentan las mayores dificultades, gestionando múltiples distritos judiciales y afrontando condiciones laborales deficientes.
Finalmente, Morales solicitó al presidente de la Suprema Corte que atienda estas demandas, advirtiendo que, aunque el paro fue solo por un día, podrían continuar con acciones similares si no se ven mejoras. Destacó la necesidad de un sistema judicial con estructuras sólidas y dignas para garantizar una justicia eficaz para todos los ciudadanos.
