Maxy Montilla y sus empresas devolverán más de RD$3,000 millones al Estado tras acuerdo con la Pepca
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó un acuerdo de criterio de oportunidad entre Maxy Gerardo Montilla Sierra y sus empresas, aceptando responsabilidad penal y autorizando el decomiso de RD$ 2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano. El acuerdo fue resultado de una investigación en la Operación Antipulpo y fue presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Wilson Camacho y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la decisión del tribunal como un avance en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad, impulsada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha dado un paso importante en la lucha contra la corrupción al homologar un acuerdo entre Maxy Gerardo Montilla Sierra y sus empresas. Este acuerdo implica que aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$ 2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó este acuerdo como resultado de una investigación en la Operación Antipulpo. Wilson Camacho y Mirna Ortiz, de la Pepca, han destacado la decisión del tribunal como un avance significativo en la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
Como parte de este acuerdo, Montilla deberá pagar una indemnización de RD$ 600 millones a las Distribuidoras de Electricidad del Este (EdeEste), del Sur (EdeSur) y del Norte (EdeNorte) por los perjuicios causados. Además, tendrá que disolver varias de sus empresas en un plazo de dos años y pagar una suma importante a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
El acuerdo también incluye el decomiso de una porción de terreno valuado en más de RD$50 millones. Las distribuidoras de energía estuvieron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE), y apoyadas legalmente por un equipo de abogados.
El Ministerio Público sostiene que Montilla Sierra utilizó sus empresas para participar en procesos de contratación pública de manera fraudulenta, violando las normativas vigentes. Este acuerdo representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en la República Dominicana.
