Prioridad al Sector Eléctrico en la Reforma Fiscal: Recomendación Empresarial

Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de las Empresas Privadas (Conep), ha resaltado recientemente la importancia de abordar con prontitud el déficit energético en la República Dominicana. A pesar de reconocer los avances en la generación de electricidad y la profesionalización de las empresas distribuidoras, Marranzini hace hincapié en la necesidad de mantener el pacto eléctrico para asegurar la transparencia en las tarifas y la focalización de los subsidios.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado al país la implementación de este pacto como una medida crucial para acelerar el crecimiento económico y fortalecer la resiliencia. Marranzini, al analizar la situación, sugiere que los recursos destinados al sector eléctrico podrían ser redirigidos al presupuesto nacional para invertir en infraestructuras públicas esenciales como transporte, educación y salud.

El economista Ciriaco Cruz subraya la necesidad de que la reforma fiscal priorice la cuestión eléctrica debido al importante déficit que representa para el Estado. Este déficit, estima Cruz, equivale al 40%, lo que pone en relieve la importancia de resolver esta brecha para liberar recursos que podrían destinarse a inversiones públicas cruciales.

Las fallas en el suministro eléctrico no solo impactan las finanzas públicas, sino que también afectan la capacidad del gobierno para realizar inversiones significativas en áreas clave. Por ello, se hace evidente la urgencia de una mayor inversión pública en el sector eléctrico para garantizar su expansión y estabilidad, aspectos fundamentales para el desarrollo económico del país.

En este contexto, César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep, destaca la importancia de optimizar el uso de los recursos existentes, implementar medidas administrativas que reduzcan la informalidad y realizar ajustes tributarios que fortalezcan la solidez financiera del país. Es fundamental considerar estas recomendaciones en aras de una gestión más eficiente y sostenible de los recursos disponibles.

Ante la complejidad de la situación energética actual, es claro que se requiere una acción coordinada y decidida por parte de los actores involucrados para garantizar un suministro eléctrico estable, transparente y eficiente que respalde el crecimiento económico y el bienestar de la población dominicana.