Raquel Peña: Responsabilidad ante vínculos con narcotráfico

La vicepresidenta Raquel Peña ha puesto sobre la mesa la urgencia de acabar con el narcotráfico en la República Dominicana, en medio de los recientes casos de políticos y personas cercanas vinculadas a esta actividad ilícita.

En sus declaraciones, Peña enfatizó que la justicia debe prevalecer sin importar la identidad del acusado, asegurando que el gobierno no tolera la impunidad, especialmente en situaciones relacionadas con el narcotráfico. Al salir de la Catedral Primada de América, destacó la importancia de combatir este flagelo por el impacto negativo que tiene en la sociedad dominicana.

Recientemente, el periódico Listín Diario reveló la responsabilidad del regidor Edickson Herrera Silvestre y del general retirado William Durán Jerez en casos de tráfico internacional de cocaína. Ambos admitieron su culpabilidad ante las autoridades estadounidenses, según documentos judiciales a los que tuvo acceso el diario.

Estos acontecimientos han generado reacciones en el ámbito político, como la suspensión de Edickson Herrera Silvestre por parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenece. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró en una conferencia de prensa que el partido no respaldará la impunidad y que cualquier miembro, sin importar su cargo, será sometido a las consecuencias correspondientes.

Además, se ha dado a conocer la presunta implicación de Esteffani José Vásquez Amarante, exesposo de la diputada Jacqueline Fernández, en actividades relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, por lo que ha sido solicitada su extradición por las autoridades estadounidenses.

En este contexto, la diputada Jacqueline Fernández ha aclarado que se encuentra separada de hecho de Vásquez, su expareja, y que ambos han seguido caminos distintos, sin mantener vínculos de convivencia ni responsabilidades compartidas en su vida personal.

Estos casos ponen de manifiesto la importancia de combatir el narcotráfico en la República Dominicana y de garantizar que la justicia prevalezca, sin importar el estatus o cargo de los implicados, para proteger a la sociedad de los efectos devastadores de esta actividad ilegal.