Restricción a Funcionarios: Prohibición de Involucrarse en Empresas que Comercien con el Estado

El presidente Luis Abinader ha dado un paso significativo al firmar el reglamento de aplicación de la nueva ley 47-25 de Contrataciones Públicas. Esta ley, que entrará en vigor más de 180 días después de su promulgación a finales de julio del 2025, marca un hito en la transparencia y ética en el ámbito gubernamental.

Durante el acto celebrado en el Palacio Nacional, Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, detalló que la normativa prohíbe a funcionarios y legisladores tener cualquier tipo de participación en empresas que realicen negocios con instituciones públicas. Esta medida refuerza la incompatibilidad para contratar con el Estado, afectando a diversos cargos públicos sin importar su nivel de participación accionaria en la empresa.

Según Pimentel, la nueva ley restablece un régimen de consecuencias que había sido eliminado en 2006. Esto implica que ministros, directores, senadores, diputados, alcaldes y regidores no podrán contratar con el Estado, independientemente de su participación accionaria en empresas relacionadas con el sector público.

En contraste con la legislación anterior, donde se permitía una participación accionaria de hasta un 10%, las violaciones a esta ley conllevarán sanciones administrativas y penales, incluso la privación de libertad por periodos que oscilan entre dos y diez años.

El presidente Abinader resaltó que el propósito principal de esta ley es que el Estado Dominicano opere bajo normas claras y permanentes. Se busca fortalecer las instituciones, proteger los recursos públicos y eliminar los espacios donde se ha permitido el abuso y la falta de control en el pasado.

Esta reforma tiene como objetivo mejorar la planificación, fomentar la competencia, fortalecer los controles y promover una cultura de prevención. Abinader enfatizó que el nuevo sistema busca hacer al Estado más eficiente, previsible y confiable, consolidando un modelo de gestión donde las decisiones son transparentes y verificables en cualquier momento.

Con la promulgación de esta ley, la República Dominicana se alinea con los estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional, asegurando que las reglas perduren más allá de cualquier gobierno en el poder.

En resumen, esta ley representa un paso crucial hacia la transparencia, la ética y la eficiencia en las contrataciones públicas en la República Dominicana, marcando un antes y un después en la forma en que se gestionan los recursos del Estado.