Validada licencia médica de imputado en caso Camaleón: Audiencia aplazada para el lunes
El tribunal impuso 18 meses de prisión preventiva a Jochi Gómez y al exdirector del Intrant, Hugo Beras, acusados en el caso “Camaleón”. La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional pospuso la audiencia preliminar para el 23 de marzo, debido a la certificación médica de Mariano Gustini, afectado por influenza. La magistrada Yanibet Rivas validó el documento presentado por la defensa de Gustini, defendiendo su legitimidad ante cuestionamientos del ministerio público.
El tribunal ha tomado una decisión firme en el caso “Camaleón”, imponiendo 18 meses de prisión preventiva a Jochi Gómez y al exdirector del Intrant, Hugo Beras. La audiencia preliminar ha sido pospuesta para el 23 de marzo debido a la certificación médica de Mariano Gustini, quien padece influenza.
La jueza Yanibet Rivas ha validado el documento médico presentado por la defensa de Gustini, asegurando su autenticidad frente a las dudas planteadas por el ministerio público. En un giro interesante, la magistrada ha defendido la legitimidad del certificado, argumentando que no es necesario que un tercero lo valide, ya que cumple con todas las formalidades legales.
Durante la audiencia, la jueza Rivas ha desafiado las objeciones sobre la certificación médica, planteando una pregunta clave: ¿dónde está estipulado que un diagnóstico médico deba ser validado por otro médico? Esta postura refuerza la idea de que las barreras burocráticas no deben entorpecer el proceso legal cuando se cumplen con los requisitos necesarios.
El tribunal ha considerado que la certificación médica presentada es suficiente, ya que incluye todos los elementos esenciales que garantizan su autenticidad, como el timbrado oficial, sello y colegiatura, entre otros. Este hecho demuestra la importancia de contar con documentación adecuada y veraz en procedimientos legales de esta índole.
En la audiencia anterior, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa solicitó al tribunal que se abriera juicio contra varias personas físicas y empresas relacionadas con presuntos actos de corrupción administrativa y lavado de activos. Estas acusaciones están vinculadas a contratos públicos, como la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Este caso continúa generando interés y polémica en la opinión pública, ya que evidencia la lucha contra la corrupción y la importancia de la transparencia en la gestión pública. Estaremos atentos a los desarrollos futuros de este caso que sigue captando la atención de la sociedad y los medios de comunicación.
