La corrupción es ahora un delito autónomo en el Código Penal: Yeni Berenice

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción en el país al presentar el nuevo Código Penal que tipifica este delito como un acto autónomo por primera vez. Según la procuradora, cualquier acción dolosa que afecte al patrimonio público puede ser considerada corrupción y castigada, incluso si no está expresamente mencionada en otra normativa.

Durante una conferencia en la Dirección General de Aduanas, Yeni Berenice destacó los avances de esta nueva legislación y su importancia en la sociedad. Esta iniciativa se llevó a cabo tras la instrucción del presidente Luis Abinader en el último Consejo de Gobierno, donde se solicitó la socialización de las nuevas disposiciones del Código Penal.

La procuradora enfatizó que este nuevo código es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, alineado con estándares internacionales y con las prácticas más avanzadas en la materia. Señaló que la corrupción no solo es un problema administrativo, sino un fenómeno que impacta directamente en el desarrollo del país al desviar fondos destinados a sectores clave como la salud, educación y seguridad.

Para ilustrar su punto, Yeni Berenice mencionó el peligroso escenario de un soborno en aduanas que permitiera la entrada de armas de fuego, destacando las consecuencias mortales que esto podría acarrear. Advirtió que la corrupción no solo afecta a quienes participan en ella, sino a toda la sociedad.

El nuevo Código Penal, promulgado a principios de agosto, representa una actualización necesaria después de décadas de intentos fallidos. Esta normativa refuerza las medidas contra la corrupción al ampliar plazos de prescripción, endurecer sanciones e inhabilitar a los condenados para ocupar cargos públicos, con penas de hasta 20 años de prisión.

Además, se extienden los plazos de prescripción a 30 años, se incluyen disposiciones para delitos cibernéticos y se establecen procesos penales para empresas involucradas en delitos fiscales, contrabando o falsificación de documentos aduaneros. Estas medidas representan un paso crucial en la lucha contra la corrupción y en la protección de los recursos públicos.