La defensa de Donald Guerrero apelará la auditoría de la Cámara de Cuentas ante el TSA

Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda durante la segunda administración de Danilo Medina, está desafiando una auditoría especial realizada por la Cámara de Cuentas al Ministerio de Hacienda (2016-2020). Su defensa tiene la intención de apelar ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), argumentando que el informe adolece de validez jurídica al haberse llevado a cabo sin las debidas garantías de un proceso justo, sin el consentimiento del Congreso Nacional y con deficiencias técnicas. La defensa ha sido denegada en su solicitud de acceso a los documentos utilizados en la auditoría, lo que les impide presentar una defensa adecuada.

El equipo legal de Donald Guerrero Ortiz ha anunciado que apelará ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la denominada “auditoría especial” practicada por la Cámara de Cuentas al Ministerio de Hacienda (2016-2020). Alegan que el informe se realizó sin seguir el debido proceso, sin solicitud del Congreso Nacional, sin permitir al auditado acceder al expediente y con inconsistencias técnicas que lo desacreditan legalmente.

Los abogados han señalado que solicitaron en múltiples ocasiones acceso a los documentos utilizados por los auditores, peticiones que fueron rechazadas bajo el argumento de confidencialidad, lo que les ha impedido ejercer su derecho a defensa o contradicción. Este proceso ha sido descrito como una auditoría realizada a puerta cerrada, suspendiendo así las reglas del debido proceso.

La defensa también ha cuestionado que el informe haya sido aprobado más de un año después de su elaboración por un Pleno distinto al que llevó a cabo la investigación, lo que, según los abogados, vulnera el principio de unidad y continuidad del acto administrativo, restándole legitimidad al procedimiento en su totalidad.

En cuanto al contenido del informe, los abogados destacan que no se ha encontrado evidencia de fraude o daño al erario público, limitándose a observaciones administrativas y de procedimiento sin cuantificar perjuicios ni atribuir responsabilidades. Se han señalado contradicciones técnicas en el informe, al mencionar pagos “sin registro” al mismo tiempo que se citan los libramientos emitidos y aprobados por la Contraloría General de la República, organismo encargado de controlar la legalidad en las operaciones financieras del Estado.

En referencia a los pagos por expropiaciones durante la gestión de Guerrero, la defensa ha recordado que se realizaron compensaciones ordenadas por sentencias o avaladas por tasaciones oficiales de la Dirección General de Catastro Nacional, cumpliendo con las leyes vigentes. Se trató de regularizar obligaciones históricas del Estado a precios inferiores al mercado, generando ahorros significativos.

El equipo legal ha advertido que esta situación se suma a una serie de violaciones cometidas por la Cámara de Cuentas en perjuicio de Guerrero, incluyendo la negativa a permitir el acceso al expediente administrativo, la denegación injustificada del derecho a contradicción y el uso de procedimientos excepcionales fuera de los límites legales. Mantener el respeto al debido proceso es esencial para garantizar la justicia.